La Policía confirma el amaño de cuatro contratos en Getafe en la etapa de Soler

El informe detalla las irregularidades detectadas en cuatro contratos

La policía ha entregado al juez Francisco Javier Achaerandio, instructor del caso Teatro, un informe en el que detalla las irregularidades detectadas en la tramitación y adjudicación por parte del Ayuntamiento de Getafe de cuatro contratos en la etapa del popular Juan Soler como alcalde. El documento destaca la participación en los expedientes bajo sospecha del concejal del PP Antonio José Mesa, quien ganó notoriedad en 2013 al romper en un acto de su partido una foto de Bárcenas como muestra de rechazo a la corrupción.

El llamado caso Teatrosobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Getafe en la etapa como alcalde del hoy senador del PP Juan Soler-Espiauba continúa expandiéndose. La policía entregó el pasado 12 de mayo al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, Francisco Javier Achaerandio, un informe en el que confirma las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de cuatro contratos para la redacción de otros tantos proyectos urbanísticos en la localidad al mismo estudio de arquitectura, A-Cero, de Joaquín Torres.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que al referido a la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe en el antiguo Teatro Madrid de la localidad —origen de la investigación— se suman ahora la redacción de los proyectos para levantar sendas escuelas infantiles en los barrios de Buenavista y Los Molinos, y la rehabilitación del antiguo mercado municipal como centro multiusos.

El informe de la policía concluye tras analizar la documentación incluida en los expedientes municipales que todos ellos se tramitaron con “una celeridad fuera de lo común”. Como ejemplo de ello, los agentes destacan que “la propuesta para aprobar los pliegos y clausulas administrativas [...]se produce antes de que los mismos estén redactados”.

Unos hechos en los participa de modo destacado uno de los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento, Antonio José Mesa Garrido. Imputado desde enero, este edil se hizo célebre en 2013 [...]al romper públicamente una foto del extesorero Luis Bárcenas como muestra de su rechazo a la corrupción[/...]en un acto del PP en el que participaba Esperanza Aguirre. Cuando se aprobaron los contratos bajo sospecha era concejal de Empleo y Obras, y coordinador del Gobierno de Soler, además de ejercer como jefe de Gabinete de éste.

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Los agentes también destacan que para convocar los cuatro concursos, el consistorio alegó “falta de personas y de medios materiales propios del Ayuntamiento” para elaborar dichos proyectos y, de este modo, poder licitarlos a “personal externo”. “Esta manera de proceder —se lee en el documento policial— no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios años (2012-2014) acumulándose un montante económico muy elevado [...] con el consiguiente perjuicio económico para la administación local”.

En tercer lugar, la Policía destaca que pese a que los cuatro contratos son para obras de precio muy dispar —la remodelación del teatro se presupuestó en cerca de 3 millones de euros mientras que cada una de las escuelas suponía una inversión de un millón— la redacción de los proyectos fueron licitados por cantidades similares que, además, eran siempre inferiores a los 60.000 euros. De este modo, destacan los agentes, el equipo del alcalde Soler pudo tramitar los cuatro concursos por el “procedimiento negociado sin publicidad”. En este punto, la policía destaca el contenido de varios correos electrónicos intervenidos durante la investigación que, en su opinión, ponen de mamanifiesto que es el empresario adjudicatario “quien dictamina el precio de los trabajos”, y no el ayuntamiento de Getafe.

Críticas de la Intervención

El documento policial también revela que los expedientes recibieron en todos los casos informes desfavorables de la interventora del consistorio, pese a lo cual se continuó su trámite sin modificaciones. Los agentes destacan que estos documentos de fiscalización fueron especialmente críticos con los concursos para el proyecto de construcción de las dos escuelas infantiles, “sobre los cuales manifiesta abiertamente que se trataría de un fraccionamiento de contrato al no justificar la tramitación separada de ambos expedientes”. “Las consideraciones de la interventora municipal —añade el informe— no son tomados en cuenta ni subsanadas por aquellos que participan en la tramitación de los expedientes ni por sus superiores, de lo que se infiere bien una dejadez de funciones o bien que esta forma de actuar era habitual en la corporación local, tramitando expedientes de manera irregular”.

La policía también llama la atención sobre los empresarios que optan a los contratos: “Todos, a excepción del que resultará adjudicatario, son realmente 'convidados de piedra' ya que, o bien no presentan la documentación requerida para el concurso, que además suele ser muy básica, o la presentan mal, quedando automáticamente desestimada".

Por último, los agentes añaden que la documentación de los concursos y los correos electrónicos intervenidos permiten inferir que los contratos estaban adjudicados al entorno de la firma A-Cero “antes de convocarse su concurso”. Y recalcan que este estudio de arquitectura “era conocedor, no sólo de la futura adjudicación, sino de la convocatoria y su contenido anticipadamente”. Para la Policía, es evidente que “los expedientes y su tramitación estaban orientados a la adjudicación final al entorno de esta mercantil”.

Un escándalo destapado por un vecino

El caso Teatro se inició gracias a una denuncia de Roberto Benítez, vecino de Getafe y editor de la revista local El Bercial, que en abril de 2015 presentó en los tribunales una querella por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para convertir el antiguo Teatro Madrid en un centro de artes escénicas, una de las principales promesas del electorales de Juan Soler en la campaña de 2011 que le dio la victoria en las urnas. Las primeras seis detenciones —tres funcionarios y tres empresarios— se produjeron en marzo de 2016. Hoy, son cerca de cuarenta las personas imputadas. Benítez asegura que ha tenido que costearse de su bolsillo los gastos judiciales de esta batalla jurídica en la que ejerce como acusación.

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