Los sindicatos de Mossos piden que se respete su “neutralidad política”

Las declaraciones de Lluís Llach, advirtiendo que “muchos funcionarios” serán sancionados con la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, y en especial los Mossos d'Esquadra, han sido recibidas negativamente por los sindicatos de la policía catalana. Un portavoz del SAP, el sindicato mayoritario en el cuerpo de los Mossos, asegura a EL PAÍS que “solicitamos, una vez más, que nos dejen fuera de la pelea política. Se ha de respetar nuestra neutralidad política, que es piedra angular del Estado de derecho”. El SAP añade que “el choque de legalidades no tiene ningún sentido. La ley que nos rige indica que debemos obedecer a la Constitución y al Estatuto de Autonomía”.

El sindicato SME también hace hincapié en el respeto a la neutralidad política y advierte que las palabras del diputado de Junts Pel Sí son “bastante desafortunadas”: “A ver si de una vez dejan a los Mossos al margen de estos temas que son exclusivamente políticos”. Fuentes del SME destacan las palabras pronunciadas el pasado viernes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Día de las Escuadras: “Los Mossos son servidores públicos, no al servicio del Gobierno sino de los ciudadanos”. El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) insiste en que “los policías tienen que cumplir la ley vigente”.

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Comisiones Obreras (CC. OO.) ha exigido al Gobierno catalán que aclare “en qué situación se encontrará el personal de la Generalitat y de otras administraciones cuando sea aprobada la Ley de transitoriedad”. CC.OO critica en un comunicado que “de la Ley de transitoriedad jurídica no conocemos nada, por la manera en la que se está elaborando”. El redactado de la también llamada “ley de desconexión” se está preparando en secreto entre el PDeCAT, ERC y la CUP sin que nadie excepto unos pocos diputados, ni nadie de la oposición, haya podido conocer su contenido. 

UGT también ha criticado el secretismo con el que se prepara la ley de transitoriedad y ha tildado las declaraciones de "grave irresponsabilidad y ha pedido al Gobierno catalán que "se desmarque de manera contundente". UGT ha subrayado que "es del todo inaceptable que un diputado hable de sufrir para referirse al régimen disciplinario al que están sometidos los trabajadores públicos". El sindicato pide que los funcionarios tengan "una seguridad jurídica total".