La dependencia es una prioridad

Se cumplen diez años de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia(LAPAD), más conocida como la Ley de la Dependencia, una normativa sin precedentes que tenía que cambiar la vida a los más vulnerables. Por primera vez, se reconoció el derecho a 1,2 millones de ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no pudieran valerse por sí mismos. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la calificó, literalmente, de “hito histórico”, y la percepción mayoritaria era de que teníamos la cuarta pata para soldar definitivamente el Estado del bienestar.

Pero la vida puede deshacer cualquier plan. Y aquella normativa excepcional de amplio consenso se fue diluyendo. Primero, poco a poco, y después, de golpe, en un terremoto fortísimo con sucesivos tsunamis. La crisis y los recortes. Años de recesión, de personas abandonadas y de empresas bajando la persiana. Hasta hoy. Es justo y necesario que miremos atrás.

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2007, la ley ha topado con una financiación opaca e insuficiente, con la ineficiencia del sistema y un cambio de los grados de la dependencia que, progresivamente, ha acabado por endurecer las valoraciones de los servicios sociales. El que hace ocho años era un gran dependiente tal vez ahora es un dependiente severo para la Administración. Y ya sabemos que la prestación varía. A la baja, evidentemente.

Hablar de la LAPAD es hacerlo de la crisis. Durante la pasada legislatura perdió 2.865 millones en recortes. Se suprimió un bloque entero de financiación, el nivel acordado, en 285 millones, y mediante el Real decreto 20/12 de 2012 se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, el importe que destinan las administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacitado.

En este contexto, decenas de miles de personas no han acabado recibiendo la prestación a la que tenían derecho de acuerdo con la ley. Todo esto, sin tener en cuenta las tensiones entre la administración central y los gobiernos autonómicos, que se han acusado mutuamente de no cumplir con sus obligaciones presupuestarias.

¿Y ahora qué? Diez años son suficientes para analizar una ley que necesita, en primer lugar, voluntad política para ser un pilar del Estado del bienestar con unos estándares de implantación comparables a la sanidad, la educación y las pensiones. Ahora que se convoca la comisión del Pacto de Toledo para abordar las pensiones también es el momento de que nos preguntemos cómo queremos que sea la dependencia en las próximas décadas. En un contexto de sobreenvejecimiento, tenemos que hablar con responsabilidad, de derechos y de deberes, de financiación transparente y sostenible, de cómo reducir la lista de espera, de establecer un copago justo y equitativo, de instaurar el mismo IVA para todo el sector... Y lo que es más importante: situar a los usuarios en el centro de atención para que puedan elegir el recurso más adecuado a sus necesidades.

No sabemos si habrá una nueva crisis, pero para avanzarnos a cualquier escenario incierto tenemos que actuar con inteligencia. Hace falta que las administraciones dejen de ver la dependencia como un gasto y entenderla como una inversión, como la prioridad social de esta legislatura. Nos jugamos mucho. El presente y el futuro.

Cinta Pascual es la presidenta de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Assistencials)