La hora de concretar

Tras cinco años de agitación, el movimiento independentista catalán ha llegado a un punto en el que, por su propia dinámica, siente la necesidad de concretar sus objetivos. Ordenar prioridades, determinar instrumentos, fijar plazos. Esta necesidad ha presidido las intervenciones de sus dirigentes en las manifestaciones de la Diada de este año o a propósito de ella. El presidente Carles Puigdemont ha lanzado algunas ideas que tienden a la concreción, pero desde luego no lo suficiente. Se enmarcan en el programa de legislatura que Junts pel Sí pactó con la CUP, y se resumen en la pretensión de llevar a cabo un referéndum en junio o julio de 2017 o, si no es legalmente factible, unas elecciones catalanas constituyentes.

Son aclaraciones interesantes, pero no despejan las incógnitas. Una de las precisiones de Puigdemont es el rechazo de experimentos que no sean propiamente un referéndum vinculante, con todas las garantías, es decir, legal. Otra precisión es la reafirmación, coreada estos días por otros dirigentes, de que el proceso soberanista empezó en las urnas y terminará en las urnas, descartando aventurismos.

Ambas ideas son políticamente oportunas después de unos meses en que han surgido propuestas de vocación insurreccional. El anuncio, realizado ante la prensa extranjera, de que el propio Puigdemont presentará en unos meses una nueva propuesta de referéndum o consulta al Gobierno español da fe de una cierta intención negociadora cuyo principal punto débil es que la otra parte la rechaza de entrada.

Tal como van las cosas, lo más probable es que las concreciones mayores surjan si acaso en los debates parlamentarios de las próximas semanas, el de la moción de confianza a que Puigdemont ha de someterse y el de orientación política que abre el curso. En estos debates deberá verse si las concreciones son viables o no. Si no lo son, se habrá llegado al final de un camino y habrá que emprender otro. El propio Puigdemont apunta una salida, apenas disimulada. Bastará con que esas elecciones constituyentes de las que habla pasen a ser, simplemente, unas elecciones.

No es, desde luego, una expectativa que vaya a entusiasmar al movimiento independentista, pues implica la derrota de quienes soñaban con la independencia exprés. Pero las manifestaciones de la Diada mostraron el domingo pasado que los partidos y organizaciones independentistas mantienen una enorme capacidad de movilización. Quienes las minimizan y desprecian confunden sus deseos con la realidad. Durante cinco años consecutivos centenares de miles de ciudadanos catalanes han testificado con su presencia en la calle que el grueso del catalanismo autonomista ha abrazado la causa de la independencia.

Esto es un cambio político de una gran magnitud, que ha modificado las coordenadas de la política catalana y ha contribuido a cambiar el sistema catalán de partidos. Unido a la crisis del sistema español de bipartidismo imperfecto, el cambio en Cataluña ha contribuido a volatilizar las condiciones de la estabilidad parlamentaria de los gobiernos de España existente desde la década de 1990, con las consecuencias que a la vista están: 10 meses de gobierno en funciones y la perspectiva de unas terceras elecciones legislativas en un año.

Las cifras de asistentes a las manifestaciones de este Onze de Setembre pueden ser interpretadas, magnificadas, negadas y manipuladas, pero nada de esto impide constatar que responden a un cambio político de gran magnitud, que se ha ratificado en las urnas. Quienes decían hace tres años que el suflée soberanista bajaba saben ahora que unos años habrá más o menos manifestantes que otros, pero el problema está ahí y no se va a esfumar. Al revés, la expectativa más razonable es que la presión del soberanismo catalán se oriente a provocar cambios políticos sustanciales en España al modo en que a lo largo del siglo XX los provocó el autonomismo.

El catalanismo de finales del siglo XIX y principios del XX porfió década tras década para lograr el autogobierno y tras varios fracasos lo consiguió en dos ocasiones, en 1931 y 1978, al precio de sendos cambios de régimen y de Constitución. Ahora, el empeño del PP de reconducir la autonomía política instaurada por la Constitución de 1978 a parámetros de mera administración provincial de régimen local es la política que alimenta el independentismo y actúa como una bomba de relojería contra la propia Constitución. Una crisis constitucional es el corolario inevitable de que el autonomismo catalán haya trasmutado en independentismo. La Diada de este año ha mostrado una vez más que en estas estamos.