Caballero impondrá normas más restrictivas al público en los plenos

Ha sido una de las propuestas del gobierno de Abel Caballero más contestadas desde que revalidó la alcaldía con mayoría absoluta, no solo por la oposición del PP, BNG y Marea, sino también por movimientos sociales agrupados en asociaciones de vecinos que han tensado más si cabe sus ya malas relaciones con el alcalde.

Así, el futuro reglamento que cambiará la dinámica de los plenos será aprobado el próximo 30 de mayo por lo que la nueva normativa entraría en vigor a partir del mes próximo. Pese a las críticas recibidas desde la derecha y la izquierda, los cambios han sido defendidos por Caballero como “los más tolerantes y participativos que cualquier reglamento que de cualquier parlamento de España”.

El polémico texto recibió 51 alegaciones de las cuales se han admitido solo 12, porque el resto infringían distintas disposiciones legales, según el informe que recoge las conclusiones del secretario municipal, por lo que prácticamente una cuarta parte de las reclamaciones han quedado en un mero intento.

Entre las que se han desestimado como más polémicas son las aquellas que pretendían utilizar en exclusiva el gallego, la disminución del porcentaje para la presentación de iniciativas directamente por los vecinos, la creación de una comisión de vigilancia de las contrataciones púbicas o fijar un calendario concreto para la celebración de las sesiones plenarias.

El informe del secretario considera reiterativas las reclamaciones del BNG, del sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) y de colectivos sociales como la Federación de Vecinos "Eduardo Chao", muy críticos con el alcalde, que integra a la plataforma Xuntos, a los Verdes, a Equo, al Foro os Ninguens y al movimiento sindical Confederación General de Trabajadores (CGT).

La petición de rebajar de tres a dos concejales el mínimo para la formación de grupo municipal se ha desestimado porque “no parece procedente que el número mínimo de dos concejales sea igual para una pequeña corporación de 11 ó 13 concejales que para Vigo, con un total de 27 concejales”.

A la prohibición de exhibir carteles o pancartas en los plenos es defendido por el gobierno de Abel Caballero con el argumento de que “es similar a la existente, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia, sin que ningún partido solicitara su modificación”.

En cuanto a las restricciones de la publicidad de las sesiones plenarias y las amonestaciones previstas al público, también el argumento de peso de los socialistas es que en otros parlamentos estas normas son mucho más rigurosas, sin que tampoco se haya pedido su modificación.

Las limitaciones impuestas a los medios de comunicación “deben entenderse como una garantía para su presencia y para poder proceder a su correcta ordenación dada la limitación física existente (en la sala de plenos), y no como denegación de derechos”, señala el secretario en su informe.

La propuesta del BNG (socio de Caballero en el anterior gobierno local) de que puedan existir varios portavoces dentro del grupo mixto municipal y que se amplíen el número de mociones, ruegos y preguntas, el informe del funcionario llama la atención en el hecho de que esta formación política no utilizara este tipo de iniciativas cando tuvo representación municipal y lo solicite ahora.

Abel Caballero ha criticado algunas propuestas que buscan que “sean las minorías las que se conviertan en las mayorías, y esa no es la visión de la democracia que tenemos”, dijo el alcalde, que también considera más equilibrado que los debates sean en gallego y castellano.

El alcalde ha insistido en que los derechos de los tiempos de intervención de los grupos “están garantizados en toda su dimensión, como también el derecho de información y la transparencia absoluta”.