La falta de medios colapsa los juzgados de La Vila Joiosa

La Unidad de Atención Ciudadana del Consejo del Poder Judicial ha tramitado en lo que va de año quince quejas por retrasos ocurridos en los juzgados de La Vila Joiosa, algunos de ellos de más de tres años para resoluciones tan sencillas como el cálculo de los intereses de una deuda hipotecaria debido a un cambio legislativo producido en 2013. Todas las quejas han sido archivadas porque el retraso, según el Poder Judicial, no es imputable al juez —el CGPJ solo tiene competencia disciplinaria sobre jueces y magistrados—. Lo reseñable es que el Consejo admite que las quejas son archivadas “porque el retraso en los juzgados de Vila Joiosa obedece a causas estructurales: se trata de órganos judiciales con un volumen muy alto de entrada de asuntos y con personal a menudo insuficiente”. Esta escasez de personal se ve agravada por la constante movilidad. La enorme carga de trabajo incide en una frecuente solicitud de traslados, por lo que las plazas suelen estar cubiertas por funcionarios interinos.

Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta es que los tres juzgados de La Vila Joiosa son mixtos —de Primera Instancia e Instrucción—, es decir, que llevan tanto asuntos penales como civiles. A ello deben añadirse las guardias y las competencias en Registro Civil y en Violencia sobre la Mujer. Según los datos correspondientes a los partidos judiciales de la provincia de Alicante, cerrados a 31 de diciembre de 2015, la media de asuntos ingresados por cada Juzgado en La Vila Joiosa el año pasado fue de 3.146, frente a los 2.791 de Dénia o los 2.614 de Elda. De hecho, en el último informe del servicio de inspección del Ministerio de Justicia sobre órganos judiciales que superaban el 150 % de los indicadores de carga de trabajo, figuran los tres Juzgados mixtos de La Vila.

Hace ahora seis años, el Ministerio de Justicia acordó la creación de un nuevo juzgado en La Vila, el número 4, y la plaza se incluyó entre las previstas en el Real Decreto 819/2010, de 20 de junio, publicado en el BOE de 10 de julio. Este órgano era considerado urgente para aliviar el colapso que ya se registraba entonces, agravado por cuestiones como la catarata de ejecuciones hipotecarias registradas en zonas afectadas por la burbuja inmobiliaria.

En total, el Ministerio aprobó la constitución de quince nuevos juzgados en la Comunidad Valenciana, pero la decisión fue dejada sin efecto apenas un año más tarde, porque el 29 de marzo de 2011 la Comunidad Valenciana manifestó en escrito dirigido al ministerio “que las 15 unidades judiciales conllevaban, entre otras razones, un alto y desproporcionado coste y que carecía de sentido su entrada en funcionamiento”. Eso paralizó la constitución de los juzgados de primera instancia 4 de Torrevieja, 4 de Benidorm, 7 de Elche, 13 de Alicante, 6 de Dénia y 6 de Gandia; de primera instancia e instrucción 4 de Novelda, 4 de La Vila Joiosa, 5 de Nules, 7 de Llíria, 4 de Quart de Poblet, 4 de Massamagrell y 5 de Carlet; juzgado de lo penal 4 de Orihuela y juzgado de lo social 2 de Benidorm.