¿Quién forma parte del club?

La cuestión de la representación suele abordarse desde una perspectiva estrictamente democrática y pocas veces desde sus implicaciones para la justicia social. ¿Hasta qué punto vivimos en una sociedad justa si hay colectivos que no tienen voz en los medios políticos, económicos o mediáticos? Se supone que están representados por los políticos electos, ya que el derecho al voto es universal. En la práctica, sin embargo, sabemos que hay colectivos que aparecen muy raramente en el ámbito público y, con su ausencia, se olvidan también sus necesidades y reivindicaciones. Este olvido tiene que ver con las reglas de que nos hemos dotado, pero también con las circunstancias psicológicas y sociales que añaden determinados sesgos a la percepción que tenemos de la participación.

A la pregunta de ¿quién decide quiénes pueden ser miembros “visibles” de una sociedad? se añade otra íntimamente relacionada: ¿quién va a corregir la injusticia en la representación? Abordaré ambos aspectos poniendo como ejemplo uno de los casos más estudiados, el de las mujeres, dada su transversal discriminación en la representación pública, incluidos los niveles más elevados de poder.

La que fuera Comisaria de Justicia europea, Vivian Reding, impulsó en 2014 un programa voluntario para que las empresas europeas acordaran un proceso de incorporación de directivas que las condujera a la paridad en un proceso de 5 años, concretamente hasta 2020. Advirtió de que, si en el periodo de un año no conseguía el apoyo de suficientes empresas, propondría la obligatoriedad de cuotas para garantizar el acceso de las mujeres a puestos directivos. Un año después, los números mostraron una evidencia incontestable: solo 24 empresas de toda Europa se habían sumado a la iniciativa y habían acordado alcanzar un 40% de mujeres en 2020. Las conclusiones son dos, como mínimo: la voluntariedad no funciona y quien tiene que garantizar la igualdad en el mundo empresarial, difícilmente va a hacerlo.

Los prejuicios y estereotipos tradicionales son responsables, en gran parte, de la dificultad del acceso de mujeres a cargos de decisión, y también de la infrarrepresentación de colectivos no sujetos al criterio dominante, como han señalado Marta Nussbaum y Nancy Fraser, entre otros. Los numerosos estudios que muestran los beneficios de incorporar mujeres en ámbitos de decisión, así como los que apuestan por las ventajas de la diversidad, no surten el menor efecto en quienes tienen el poder de decidir quién va a ocupar los puestos del poder económico, político o académico.

Existe, además, otra dificultad añadida, pocas veces señalada, y es la visión sesgada que tienen los varones de la paridad femenina. Si hay un 17% de mujeres en una sala, los hombres perciben que por lo menos la mitad del grupo es femenino y cuando el número de mujeres llega al 33%, los varones creen que hay más mujeres que hombres en el grupo. Diversos estudios norteamericanos han demostrado que los hombres perciben consistentemente más paridad de género de la que realmente existe, y más de la que perciben las mujeres, en todos los ámbitos sociales. De modo que tiene que haber entre un 60% y un 80% de mujeres en un grupo para que ellas ocupen el mismo tiempo de conversación que ellos, ya que, si son menos, la tendencia es que los varones dominen el discurso. A pesar de estas evidencias, la creencia de los hombres continúa siendo que las mujeres hablan más tiempo que ellos en las discusiones grupales.

La académica Dale Spender explica que esto ocurre porque los hombres no comparan en realidad con cuánta frecuencia hablan mujeres frente a varones sino cuántas mujeres hablan en relación a lo que consideran que deberían hablar. La “demasiada conversación” de las mujeres estaría siendo juzgada en relación al silencio, según el viejo prejuicio de que las mujeres están mejor calladas. Hablar más está relacionado con un mayor estatus social y disposición de poder en nuestra sociedad, razón por la cual, en entrevistas, tertulias, así como en todos los grupos mixtos, los varones intervienen más y son, en consecuencia, más visibles.

Quien decide la visibilidad de los grupos sociales no parece estar en condiciones óptimas para hacerlo con justicia. Por ello, abordar de manera compleja el derecho a la representación parece inaplazable. La falta de normativas concretas, sumadas a los sesgos psicosociales teñidos de prejuicios, derivan en una injusticia que una sociedad auténticamente democrática no debería tolerar.

Sara Berbel es doctora en Psicología Social.