Desobediencia civil

Las democracias se sustentan en la legalidad y en la obediencia a las leyes, pero también en la legitimidad social. Si una ley, incluida la Constitución, no cuenta con suficiente legitimidad y consentimiento social, lo más conveniente es cambiarla o reformarla. De no ser así, es probable que crezca la conflictividad política y se desarrollen movimientos sociales críticos y acciones colectivas de desobediencia civil.

La desobediencia civil se puede definir como una forma de acción y una estrategia de lucha de carácter político, no legal y no violenta, que transgrede alguna norma jurídica o política pública y asume las posibles sanciones derivadas de esta actitud, con el propósito de influir en las ideas de la población y conseguir su apoyo para presionar a las instituciones políticas con el objetivo de que estas modifiquen o anulen una ley o una política pública catalogada de injusta.

Se han formulado algunos argumentos potentes a favor del deber y la obligación de obediencia a todas las leyes y políticas públicas aprobadas en los estados democráticos. Los principales son los siguientes:

1. Se han de obedecer todas las leyes y políticas públicas porque los gobiernos y los parlamentos que las aprueban han sido elegidos democráticamente; porque la ciudadanía, a través de sus votos en las elecciones, ha autorizado y legitimado a los gobiernos y a los parlamentos para que puedan adoptarlas.

2. La democracia se sustenta en la toma de decisiones por mayoría; por lo tanto, toda la población tiene el deber y la obligación de obedecer las leyes y las políticas públicas que se hayan aprobado por este procedimiento.

3. Si se autorizara o tolerara la desobediencia civil a una ley se abriría la puerta a una desobediencia generalizada a las leyes, lo cual supondría una fractura de la convivencia en sociedad y un peligro para la seguridad colectiva.

Pero también hay buenos argumentos, como los que se explican a continuación, para justificar la legitimidad de la desobediencia civil en el marco de un sistema político con libertades y derechos democráticos y ante un gobierno elegido democráticamente, siempre y cuando la desobediencia se practique de manera no violenta y se limite a cuestionar las leyes y las políticas públicas que se consideran injustas.

1. La práctica de la desobediencia civil en democracia es legítima cuando las leyes y las políticas públicas aprobadas no son justas ni suficientemente democráticas. Ahora bien, para cambiar o abolir una ley injusta no solo es necesario que haya un número de personas significativo que la transgreda y que estas cuenten con el apoyo activo de un segmento amplio de la población, sino también que la mayoría de la sociedad acabe considerando que la ley es injusta y exprese su voluntad de modificarla o abolirla. Los y las desobedientes civiles pueden transgredir una ley que según su criterio es injusta, pero para reformarla o suprimirla es necesario que una mayoría democrática decida hacerlo.

2. La democracia no solo se basa en las decisiones de la mayoría, sino también en la aceptación de las discrepancias. La desobediencia civil es una de las maneras de disentir que tienen a su alcance las minorías sociales (en algunos casos, también las mayorías sociales) que se sienten tratadas injustamente por los poderes políticos y/o económicos. Además, las opiniones políticas mayoritarias pueden cambiar con el paso del tiempo, entre otras causas por el efecto que pueden generar las acciones y las ideas de las minorías críticas. En democracia, una opinión política mayoritaria puede dejar de serlo y una opción política minoritaria puede acabar convirtiéndose en mayoritaria.

3. Los y las desobedientes civiles afirman que es legítimo desobedecer las leyes y las políticas públicas injustas para mejorar las leyes y las políticas públicas. Es decir, no reclaman que no existan leyes o políticas públicas sino que practican la desobediencia civil para conseguir leyes y políticas públicas justas.

La desobediencia civil es una de las herramientas que se pueden utilizar para conseguir una democracia de mayor calidad, más participativa y con mayor contenido social. El Estado democrático no debe ser inamovible, ha de mejorar desde el punto de vista de la justicia y de los derechos individuales y colectivos. De hecho, la historia del Estado democrático demuestra que las libertades políticas y los derechos sociales se han ido conquistando a través de un largo proceso de debates políticos, de movilizaciones sociales y de movimientos de desobediencia civil.

Enric Prat Carvajal es historiador y profesor de Ciencia Política en la UAB.