Hacienda pide menos de dos años de cárcel para Messi por fraude fiscal

Puede que Leo Messi no tenga ni idea de ingeniería fiscal, pero por fuerza debía saber que cada año percibía “exorbitantes ingresos” por sus derechos de imagen y que todo ese dinero permanecía “oculto”, sin declarar. Con esos mimbres ha tejido la Abogacía del Estado su acusación contra el jugador del Barça, que deberá ir a juicio por defraudar 4,1 millones. Contra el criterio de la Fiscalía, Hacienda sí acusa al jugador y pide para él una pena de 22 meses y 15 días de cárcel y el pago de otros 4,1 millones de multa. El organismo cree que el jugador evitó pagar impuestos “de forma consciente y voluntaria”, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Al situarse por debajo del umbral de los dos años de prisión, la posibilidad de que Messi acabe ingresando en la cárcel —siempre y cuando sea condenado— es prácticamente nula. La Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda, ha pedido para el delantero argentino la pena mínima que fija la ley: siete meses y 15 días de cárcel por cada uno de los tres delitos fiscales, cometidos entre 2007 y 2009.

La enorme cantidad de dinero defraudado y el hecho de que se usaran empresas instrumentales en paraísos fiscales (Uruguay, Belice) elevaban notablemente las penas. Pero la Abogacía del Estado ha aplicado al jugador dos atenuantes que permiten una rebaja: las de reparación del daño —Messi devolvió la cuota defraudada nada más recibir la querella de la Fiscalía, en 2013— y reconocimiento de hechos. El escrito del organismo matiza que Messi no ha asumido de forma “íntegra” el fraude. Pero cree que su alegada ignorancia se puede equiparar a una asunción de responsabilidad.

En su declaración como imputado, Messi se desentendió de la gestión económica de su carrera: “No me leía los contratos ni los papeles que firmaba ni nada (...) si lo dice mi papá firmo con los ojos cerrados”, afirmó. Sobre la base de esa declaración, la Fiscalía ha pedido que se archive la causa contra Messi y acusa solamente a Jorge Horacio Messi, que como padre y representante del jugador llevaba las riendas. La Abogacía del Estado, en cambio, cree que ambos deben responder penalmente. Hacienda “no cuestiona que el acusado sea profano en materia tributaria”, recoge el escrito, pero Messi debía saber que los ingresos que percibía se canalizaban a través de empresas fuera de España.

La Abogacía del Estado reconoce la “intervención directa, decisiva y necesaria” de Jorge Horacio para “consumar el fraude”. Por eso le considera autor y solicita para él la misma pena que para Messi: menos de dos años de cárcel. El padre “gestionó y dirigió las negociaciones en la creación del entramado societario”, añade.

Igual que la Fiscalía, Hacienda detalla cómo Jorge Horacio y sus asesores crearon un entramado de empresas en paraísos fiscales que permitieron al jugador del Barça eludir el pago de impuestos por la explotación comercial de sus derechos de imagen. Gracias a ese ejercicio de ingeniería fiscal, con transferencias cruzadas entre compañías uruguayas, británicas y suizas, Messi pudo ocultar al fisco español los 10,1 millones de euros que ganó esos tres años en contratos publicitarios con grandes compañías de todo el mundo (Adidas, Pepsi, Banc Sabadell, Telefónica, Air Europa, Danone o Konami, entre otras).

Como una de las acusaciones ha pedido cárcel para Messi, el juez de Gavà (Barcelona) que ha instruido la causa tiene que abrir juicio oral contra él. En un auto dictado el miércoles y difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el magistrado afirma que hay “indicios racionales de criminalidad” contra los dos acusados. El escrito destaca la “colaboración” de Messi y de su padre durante el procedimiento, en especial porque “han abonado voluntariamente la cuota defraudada” más los intereses. El juez no ha dictado contra ellos ninguna medida cautelar. Ahora llega el turno de la defensa. Los abogados de Leo y Jorge Horacio —el exmagistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo, su hija Silvina y el penalista Javier Sánchez-Vera, del despacho Olivia-Ayala— presentarán en los próximos días sus alegatos.