Oltra logra sentar doctrina contra la opacidad de los gobiernos

"Las dos sentencias crean doctrina", ha resaltado la dirigente de Compromís Mònica Oltra al hacer público este jueves el segundo recurso que ha ganado ante el Tribunal Supremo al Consell que preside Alberto Fabra por haber negado documentación a un diputado. Si en la primera de ellas, de 2013, el fondo de la cuestión eran los contratos menores de la trama Gürtel con la Generalitat Valenciana, ahora son las encuestas de opinión realizadas por el Gobierno valenciano, que el vicepresidente José Ciscar se negó a entregar al diputado de Compromís Fran Ferri.

"Cualquier cargo público en España podrá presentar recurso si le niegan documentación y será estimado en base a esta sentencia", explicó Oltra, que impulsó la vía del recurso por vulneración de derechos fundamentales, una vía a la que se sumó también Esquerra Unida del País Valencià, que ha llevado ya a cerca de una treintena de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y a ese par de resoluciones del Tribunal Supremo, emitidas en respuesta a recursos del Consell contra fallos del tribunal valenciano. Dos sentencias que sientan jurisprudencia.

En una comparecencia ante los periodistas acompañada del diputado Fran Ferri y de la diputada electa Isaura Navarro, que ha trabajado con ella en esa vía judicial, Oltra ha recordado que optó por combatir judicialmente la "vulneración de derechos constitucionales" porque, además de denunciar la corrupción, "había que atacar sus causas", y una de las más importantes es la falta de transparencia.

Ferri ha denunciado que el Consell del PP "ha pagado con dinero de todos los valencianos y valencianas encuestas para su beneficio partidista" y ha evaluado en 2,3 millones de euros el gasto efectuado por la Generalitat desde 2004 en sondeos de opinión que se ha negado sistemáticamente a entregar a la oposición.

Dado que la sentencia del Supremo, como otras anteriores del TSJCV, condena a la Generalitat en costas, Oltra ha expresado su intención de intentar, a través del Tribunal de Cuentas, que sean los consejeros que se han empeñado en negar la documentación y llevar el recurso del caso al Supremo quienes se hagan cargo del pago.La candidata de Compromís a presidir la Generalitat ha calculado que las costas suponen entre 2.000 y 2.500 euros por cada unas de las 13 sentencias que su grupo ha ganado ante el TSJCV, más 3.000 euros por cada una de las dos sentencias ganadas ante el Supremo.

También ha recordado que el exportavoz parlamentario de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, promovió un procedimiento judicial, que está abierto, por posible prevaricación de los consejeros que han reiterado su comportamiento pese a coleccionar sentencias condenatorias por vulnerar derechos de los diputados al negarles información. La dirigente de Compromís ha añadido que su coalición facilitó a Blanco información sobre las sentencias que ha ganado hasta ahora para aportarla a la causa.

"La sentencia habla ad futurum", ha comentado Oltra, "de la Ley de Transparencia", en el sentido de que "no es razonable" que se niegue a los diputados un derecho, el de acceso a la documentación, que esa norma prevé para los ciudadanos tras su entrada en vigor.