La Guardia Civil acusa al PSOE de recibir comisiones ilegales de los ERE

La Guardia Civil acusa al PSOE andaluz y al sindicato UGT de percibir fondos a través de comisiones ilegales que supuestamente recabó el intermediario de los ERE Juan Lanzas. Los agentes se basan en los testimonios de varios empresarios, imputados y testigos en el caso ERE para sostener sus acusaciones contra el partido socialista y su sindicato hermano. "La presunta distribución a terceros, entre los que se encontrarían el Partido Socialista Obrero Español y el sindicato UGT, del dinero procedente de las comisiones cobradas por Juan Lanzas por su intermediación", acusan los agentes sobre una supuesta financiación ilegal de esta formación. Los desvíos de fondos hacia las cuentas del PSOE andaluz han sido desmentidos por los dirigentes socialistas cuando con anterioridad han salido a colación durante la instrucción de los ERE fraudulentos.

Los investigadores entregaron hace dos semanas a la juez Mercedes Alaya el último y más extenso atestado sobre la actividad como conseguidor y empresario de Lanzas. En el informe policial que ha avanzado El Mundo, los agentes reflejan los interrogatorios a 39 imputados y testigos, que desgranan sus relaciones y vínculos empresariales con el intermediario jiennense, señalado por Alaya como uno de los cerebros del caso ERE junto a Javier Guerrero. Lanzas logró fondos por 10 millones de euros a través de empresas instrumentales y hombres de paja.

Los testimonios de los empresarios se refieren a la petición de comisiones con un lenguaje crudo: "Lanzas había presionado en reiteradas ocasiones a los representantes de las empresas, exigiéndole el abono de comisiones para destinarlas a la financiación del partido (PSOE) y para la UGT", menciona el directivo del grupo cervezas Alhambra Alfonso María Bermúdez. En otro momento, el empresario apunta: "Lanzas nos manifestó que deben de abonar en torno al 10% de las ayudas recibidas de la Junta de Andalucía (en torno a unos 100 millones de pesetas), alegando el sr. Lanzas que dicho dinero sería destinado para financiar al partido en el Gobierno andaluz (PSOE), así como para su sindicato UGT y que dicho pago se debería hacer en efectivo, billete tras billete, y sin ningún tipo de control fiscal".

Bermúdez matiza que en un momento de una negociación Lanzas dejó de ser "interlocutor válido" de UGT ya que en el sindicato fueron "conocedores del comportamiento poco ético del Sr. Lanzas", por lo que es sustituido por Francisco Moreno, de la federación agroalimentaria de UGT.

El también empresario Jorge Andrés Morell declaró sobre las supuestas comisiones ilegales: "La comisión que Lanzas me pedía a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para pagar favores a aquellos que tenían que concederlas, considerando que también debía realizar pagos a cargos intermedios, que textualmente utilizó expresiones tales como: 'A ver si tú te crees que trabajo solo' y 'Tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones". En paralelo, el exabogado del empresario José María Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, dijo ante la juez Alaya: "Lanzas recibía 100 millones de pesetas por ERE, porque él tenía luego que repartir esa cantidad y que por lo visto Lanzas solo se quedaba con el 10%". Los agentes subrayan que estas manifestaciones retratarían "con notoria claridad el modus operandi de Lanzas evidenciando indiciariamente la presunta distribución a terceros", entre ellos el PSOE y UGT. 

Lanzas intermedió en 27 ERE subvencionados por la Junta y lideró una "trama destinada a cobrar comisiones a cambio de impulsar distintas decisiones administrativas tendentes a favorecer intereses privados", según los agentes. Sus métodos pasaron por los hombres de paja, facturas falsas, su propia inclusión como intruso en diferentes ERE, contratación simulada de empleados y cobros en metálico como comisiones ilegales, por una tarifa de 600.000 euros por cada ERE, según uno de los testigos. Las comisiones de Lanzas oscilaron entre el 3,5% y el 7,5% de los pagos realizados tanto por las empresas como por la Junta de Andalucía para las pólizas de los ERE, a juicio policial. A su vez, las empresas pagaron a Lanzas comisiones que se elevaron hasta el 15% de la subvención.

Los investigadores subrayan los contactos de Lanzas con su antiguo amigo el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas y otros dirigentes socialistas con los que mantuvo reuniones para desbloquear tensiones sindicales y empresariales. Entre estos destacan el diputado socialista actual Carmelo Gómez y el exconcejal  en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, ambos "trabajadores dados de alta en la seguridad social por empresas del entramado societario controlado por Lanzas", según los agentes. Gómez posee en cuentas bancarias un saldo de 141.217 euros, según refleja su declaración de bienes e intereses del Parlamento andaluz.