“El Gobierno se está mostrando cicatero en cambiar la ley hipotecaria”

José Manuel Marco Cos (Jaca, 1951), es presidente de la Audiencia Provincial de Castellón desde hace un año y está al frente de la Sección Tercera, que asume asuntos civiles. Al poco tiempo de su toma de posesión se significó al criticar abiertamente el desprestigio que supuso para la justicia que sus compañeros en la Sección Primera suspendieran el ingreso en prisión de Carlos Fabra saltándose así su propia norma. Miembro de la progresista asociación Jueces para la Democracia, lleva 25 años en la Audiencia. En su toma de posesión dijo que llegó cuando tener hipoteca era “muestra de arraigo” y no “peligro de desarraigo” como ahora. Forma parte del reducido número de jueces que han conseguido que el Gobierno se vea obligado a cambiar la ley hipotecaria —que considera “herida de muerte”—, al recurrir al Tribunal de la UE.

Pregunta. ¿Es esta su principal lucha?

R. No. Simplemente se planteó ante el Tribunal de Luxemburgo un asunto en el que había que aplicar una ley nacional que entendimos que podía ser contraria al derecho comunitario (planteó la desigualdad entre bancos y consumidores porque los primeros podían recurrir en segunda instancia pero los segundos no). Estas acciones no van contra la ley, son preguntas para que Luxemburgo nos diga si una ley es contraria al derecho comunitario. No es mi principal lucha, es mi trabajo y el de mis compañeros.

P. Pero la consecuencia es el cambio legislativo.

R. Sí, claro. Ha sido inevitable. Hemos planteado otra cuestión porque entendemos que es una insuficiente adaptación de la legislación española a la comunitaria (el legislador nacional dejó la posibilidad de recurso solo por cláusulas abusivas y no en otros casos). Está pendiente de resolución. El Gobierno se está mostrando muy reticente, un poco cicatero, para llevar a cabo estas modificaciones y esa actitud reacia está modificando el que los jueces españoles, la Audiencia de Castellón, pero también otros juzgados, planteen cuestiones a Europa. Detecto una actitud del legislador nacional reacia a incluir los criterios del tribunal europeo.

P. ¿Esta jurisprudencia del Tribunal de la UE da más herramientas para “cuestionar” la ley hipotecaria?

“Intentamos restaurar la igualdad en el procedimiento hipotecario”

R. Las herramientas están en el Tratado de la UE, lo que hay es una actitud y una mayor formación y conocimiento por parte de los jueces, y cuando tienen ese conocimiento es cuando pueden actuar. Pero sí que es verdad que la actitud de los jueces españoles es más activa.

P. ¿En qué se ha avanzado en esta lucha por la desigualdad entre consumidores y bancos?

R. En el fondo no mucho, ni puede avanzarse porque si el banco presta dinero a alguien ese dinero se tiene que devolver. Se ha avanzado en el cuestionamiento de los tribunales en determinadas circunstancias de la ejecución hipotecaria como el procedimiento adecuado para recuperar esa deuda. Se cuestiona la existencia de cláusulas que pueden ser abusivas, intereses moratorios excesivos… Pero nunca se discute que el deudor debe la cantidad que se le ha prestado. Se cuestiona la forma, el procedimiento judicial mediante el cual se pretende hacer efectiva. Intentamos restaurar la igualdad de armas entre las partes del procedimiento cuando consideramos que la posición de la entidad bancaria ha sido abusiva con respecto del consumidor.

P. ¿Quién y cómo se decide cuándo una cláusula es abusiva?

R. Lo decide el juez, el tribunal. Pero los criterios cambian. Hasta hace no mucho se consideraba que una cláusula de intereses moratorios del deudor que no cumple con sus obligaciones del 20-25% era correcta porque era una especie de sanción a quien no cumplía con su obligación. Últimamente se está considerando que son abusivas. ¿Ha cambiado la ley? No. ¿Ha cambiado la forma de operar de los bancos? Tampoco. Pero los criterios legales van evolucionando. La ley no cambia, la sensibilidad puede cambiar, las circunstancias sociales y la apreciación de los jueces.

P. ¿Se puede combatir la corrupción sin una implicación política real, con las herramientas actuales?

“Hay una utilización maliciosa del aforamiento”

R. ¿Se puede combatir? Se puede ¿Se podría combatir mejor con otros instrumentos, con mayor dotación de medios, de personal y con materiales? Por supuesto que sí. Pero se puede combatir y estamos viendo que se está haciendo. Aunque quizá con más medios se puede combatir mejor. Habrá que ver si se mantiene el criterio de reducir la instrucción a seis meses.

P. El Gobierno ha aparcado la reducción de aforados, ¿lo ve necesario?

R. Sería positivo que se redujera, lo que no puedo decir es a quiénes suprimiría. El problema no es que haya tantos aforados, sino que se juegue con el aforamiento para retrasar el procedimiento. Lo estamos viendo. Esa es la utilización maliciosa del aforamiento que se está haciendo y que supone un cierto desprestigio.

P. ¿Está a favor o en contra de que un jurado popular pueda juzgar a políticos, aforados o casos de corrupción en general?

R. Creo que estos casos debería enjuiciarlos un tribunal profesional. Los casos de corrupción, cuando afecta a personajes políticos, creo que son muy influenciables por la situación política del momento y eso un tribunal nunca lo debe hacer. Son asuntos especialmente sensibles. Quizá un tribunal profesional, en alguno que se ha conocido en los últimos tiempos, hubiera tomado una decisión diferente a la que adoptó el jurado.

P. Habla del juicio a Camps?

R. No hablo de nada. Creo que está claro.