Multa de 860.000 euros a Ortiz por eludir pagar el impuesto de su yate

El empresario alegó que iba a fletar cruceros para evitar la tasa de un barco al que convidaba a políticos

El empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y procesado por Gürtel, quiso evitar el pago del impuesto reclamado por Hacienda por el uso de su yate, el Elena, camuflando su compra como un negocio de cruceros ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Así consta en una sentencia de lo Contencioso-Adminsitrativo del pasado 2 de marzo en la que se confirma una sanción de 860.341 euros a una empresa del constructor por no abonar a tiempo el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) de esta embarcación que prestó a políticos imputados junto a él por diversos delitos.

El yate de Enrique Ortiz ha sido el lugar de numerosos encuentros del empresario y políticos imputados junto a él en diversas piezas del Brugal. Fue uno de los 19 sitios que registraron los investigadores que cimentaron este caso que investiga a una presunta trama de intereses políticos-empresariales entorno a la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante.

En este yate se celebraron, entre varios saraos, las aprobaciones del plan urbano de la ciudad o el plan Rabassa, actuaciones urbanas que han llevado a la imputación a este contratista de lo público y a los dos anteriores alcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

La sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la sanción impuesta contra la mercantil Enrique Ortiz e Hijos por no abonar a tiempo el impuesto correspondiente. El juzgado advirtió una conducta “consciente y deliberada” en el empresario, que comenzó a ser investigado por la Agencia Estatal Tributaria en abril de 2009 al constatarse que el empresario no había matriculado en el plazo establecido el barco que le había sido entregado a inicios de 2008.

"No hay vestigio alguno en la contabilidad de que el buque fuese a destinarse a arrendamiento", señalan los magistrados en el fallo al que ha tenido acceso Efe. Tampoco existe registro alguno en el Impuesto de Actividades Económicas o declaración alguna de IVA relativa a ese negocio empresarial, que sí está exento del tributo especial.

El yate, un bimotor de más de 36 metros de eslora de la sociedad italiana Azimut-Benetti Spa, fue encargado en diciembre de 2004 y costó 9,5 millones. Ortiz no comenzó a usarlo hasta febrero de 2008 y obvió el pago del impuesto por el que se le sanciona, que debe abonarse en los 30 primeros días naturales a su entrega.

El Elena, amarrado en la marina de Alicante y observable desde su paseo, llegó a atracar en nueve puertos de las Islas Baleares, la provincia de Alicante, Andalucía y Gibraltar durante los meses posteriores a su entrega. Los letrados de Ortiz intentaron presentar estas actividades como pruebas realizadas a la embarcación. Ortiz incluso adujo que no había constancia de que en todas aquella ocasiones hubiera a bordo personas ajenas a la tripulación, lo que queda desmentido por el sumario del caso Brugal.

El expresidente de la Diputación Provincial y posteriormente del Puerto de Alicante, José Joaquín Ripoll, disfrutó junto a su mujer del Elena en la feria de Abril de Sevilla ese mismo año. Meses después, hicieron lo propio en Mallorca. La sala hace alusión a ambas situaciones, admitidas por el propio Ripoll al apuntar que el destino del barco fue "un hecho notorio recogido en distintos medios de comunicación". Según los jueces, "es especialmente indicativo que el barco recalase en Sevilla justo durante los días de feria" y "resulta difícil de entender que un buque, que ya ha sido entregado por los astilleros y recibido por el adquiriente, esté haciendo navegaciones de prueba".

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