Inquisición identitaria

Debe ser cosa de la pausa vacacional, porque de otro modo no me lo explico. Confío, pues, que a partir del próximo lunes un alud de esos intelectuales y articulistas que han mostrado tanta y tan tenaz sensibilidad en la materia inunden las páginas de la prensa con textos de denuncia del desafuero. Al mismo tiempo, cuento con que aparecerán notas y comunicados de colectivos como, por ejemplo, Libres e Iguales, Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya, Tercera Via, tal vez incluso de Federalistes d’Esquerres y del flamante Construïm, todos expresando su más enérgico rechazo.

Mi expectativa se sustenta sobre la hipótesis de que los adversarios del “pensamiento único nacionalista”, los paladines de la exquisita neutralidad de los poderes públicos en asuntos identitariamente controvertidos, aquellos a quienes subleva que se destinen recursos de todos a defender las ideas de una parte de la sociedad contra las de otra parte..., que todas esas personas y grupos aplican siempre el mismo rasero, el mismo baremo de sensibilidad democrática, sean cuales sean la identidad o el “pensamiento único nacionalista” de que se trate; pretendan imponerlos amigos o adversarios.

Si estas mínimas condiciones de objetividad, o de honestidad intelectual, se dan, la Ley de Señas de Identidad aprobada el pasado 25 de marzo en las Cortes Valencianas con los únicos votos del PP debería provocar, en las filas del unionismo catalán y también en Madrid, un auténtico clamor condenatorio. Ahí es nada, que una Cámara legislativa democrática dicte una norma inventariando de forma excluyente cuáles son las genuinas señas de identidad (devociones, fiestas, deportes, bailes, comidas...) de una sociedad, en este caso la valenciana. ¿No nos habíamos llenado la boca durante décadas con todo aquello de las identidades plurales y las grandes virtudes del mestizaje y del cosmopolitismo? Entonces, ¿un valenciano que huya de las Fallas y deteste la paella es un paria, un apátrida, un renegado?

La cosa es todavía más grave porque la citada ley, para velar por su eficacia, crea una auténtica policía identitaria bajo el rótulo de Observatorio de las Señas de Identidad Valencianas. Formada por entidades privadas de sesgo ideológico más que connotado, esa “policía” tiene por objeto denunciar a personas físicas o jurídicas que incurran en “agravio o menosprecio” de las señas de identidad oficialmente consagradas, de tal modo que los herejes no puedan recibir subvención alguna de la Generalitat. Pobre de aquel que haga un comentario inconveniente sobre la Geperudeta o critique las mascletás, porque se convertirá —ley en mano— en un valenciano de segunda. Orwell a orillas del Turia.

Para redondear el cuadro, uno de los principales signos de valencianía ahora legalmente blindados es un disparate científico que rechazan todos los departamentos de Filología Románica de todas las universidades del mundo, que rechaza incluso la autoridad lingüística reconocida por el Estatuto de autonomía de aquella Comunidad: la tesis de que el valenciano y el catalán son dos lenguas distintas. Y bien, quienes se han llenado la boca de quejas sobre la supuesta falta de rigor histórico de la conmemoración del Tricentenario de 1714, ¿callarán ahora ante el dislate filológico legislado por el Gobierno de Alberto Fabra? No sería muy coherente.

Quiso el azar que, justo mientras en Valencia se aprobaba la Ley de Señas, llegase a mi buzón una octavilla firmada por el líder local y presunto alcaldable del PP en el municipio donde resido, el señor Jordi Carreras del Rincón. Se trata de un papel de tono claramente preelectoral en el que pueden leerse cosas como estas: “El PP de Sant Cugat quiere un Ayuntamiento que represente a todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Queremos un Ayuntamiento que respete y sirva a todos, piensen lo que piensen y sientan lo que sientan. (...) Queremos un Ayuntamiento que respete la pluralidad de las gentes de nuestra ciudad”.

¿El PP de Cataluña y el PP de la Comunidad Valenciana son todavía el mismo partido? Pues no lo parece, porque lo que el primero reivindica desde la oposición y con acentos victimistas es exactamente lo que el otro pisotea con arrogancia desde la mayoría absoluta. Pero los populares catalanes no han sido capaces de decir ni pío siquiera por tacticismo oportunista.

Por ejemplo el locuaz portavoz Enric Millo i Rocher, que se jacta de sus raíces valencianas. El pasado día 25, en el debate de la Ley de Señas, su homólogo y correligionario Jorge Bellver tachó a los diputados de izquierdas contrarios a la norma de “indignos” porque, sentándose en las Cortes Valencianas, no se plegaban a defender las señas de identidad dictadas por el PP. “Eso es traición”, concluyó.

¿Imaginan ustedes que un representante de la mayoría soberanista en el Parlamento de Cataluña hubiese dicho algo semejante a los diputados antiindependentistas? ¿Imaginan, en tal hipótesis, las reacciones de estos últimos, y en particular la del señor Millo? Ah, pero en Valencia los objetivos del PP son combatir el catalanismo y conservar el poder, y un buen fin justifica todos los medios.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.