El caso de la empresa mixta de Paterna llegará a la Fiscalía

El cierre de la empresa mixta Desarrollo Local de Paterna, SA, puede acabar en manos de la Fiscalía. Los socialistas ven “indicios de delito en la actuación de Elena Martínez [la actual alcaldesa] y Lorenzo Agustí [el alcalde anterior] durante el proceso de creación y disolución” de esa sociedad. Y se preparan para llevar al ministerio público sus sospechas porque consideran que ambos han incurrido en prevaricación y malversación.

Creada en 2011 con participación del Ayuntamiento, por una parte, y de la UTE Acciona y Assignia Infraestructuras, por otra, la empresa mixta Desarrollo Local de Paterna debía encargarse, según recordaron ayer los socialistas, “de toda obra pública e infraestructura que se fuera a construir en Paterna durante los próximos 40 años. Una obra pública que el PP valoró en 38 millones de euros y entre la que figuraban proyectos como un tanatorio municipal, un servicio de grúa, aparcamientos públicos, mejora de la red viaria, enlaces de las carreteras CV-35 y CV-31 e incluso el soterramiento de la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”.

Sin embargo, no ha tenido más actividad que el pago por asesoramiento jurídico al bufete Broseta Abogados, según ha señalado en un demoledor informe el letrado municipal, que destacó el funcionamiento opaco de la empresa y la participación irregular de miembros del equipo de gobierno del PP en su disolución sin la cobertura de los acuerdos municipales que deberían dar apoyo a esa actuación.

El PSPV cifra en más de 700.000 euros los perjuicios para el Ayuntamiento

No solo el informe del letrado municipal, sino también los de la secretaria general, el interventor y el oficial mayor sirven de base a los socialistas para plantearse iniciativas judiciales. El PSPV-PSOE, cuyo portavoz en el Ayuntamiento de Paterna es Juan Antonio Sagredo, cifra en “más de 700.000 euros” los daños y perjuicios resultantes del “incumplimiento de ingresos por parte del socio privado de la empresa mixta con el consentimiento del PP”. Y cree que Lorenzo Agustí cometió prevaricación “ya que ignoró totalmente su obligación, como alcalde, de velar por el cumplimiento de la legalidad y por los intereses y el dinero de los paterneros”. De la actual alcaldesa, Elena Martínez, destacan que “ha actuado de manera irregular al participar en la votación de la disolución de Desarrollo Local de Paterna y elevarla a escritura pública sin tener la autorización del pleno”.

Tanto Agustí, que dimitió a finales del mes de julio de 2014, como Martínez están imputados como consecuencia de sendas denuncias de la oposición. El socialista Sagredo denunció ante la Fiscalía la adjudicación del auditorio de Paterna por 456.000 euros a un equipo de arquitectos sin respetar la publicidad y concurrencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público y el ministerio llevó el caso al juzgado, donde Agustí fue imputado. Por otra parte, como consecuencia de una denuncia del portavoz de Compromís, Juanma Ramón, tanto el exalcalde como su equipo de gobierno, del que formaba parte la actual alcaldesa, están imputados por la aprobación de un plan de marketing de 628.000 euros con el que se pagaron gastos de viarios viajes a China para promover una Zona Franca en el municipio. En ambos casos se ignoraron los informes de la secretaria municipal y del interventor.