El Gobierno recurrirá ante el TC la ley catalana de acción exterior
La admisión a trámite suspendería los preceptos impugnados hasta 5 meses prorrogables
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente Mariano Rajoy a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la UE. Lo ha confirmado en rueda de prensa la vicepresidenta del Soraya Sáenz de Santamaría, que ha explicado que el Gobierno entiende que la ley autonómica vulnera en algunos artículos la Constitución; en particular, el 149.1, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva en relaciones internacionales, y el 97, que estipula que es al Gobierno de la Nación a quien corresponde dirigir la política exterior.
El recurso va dirigido contra 20 de los 40 artículos de los que consta la ley autonómica, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de la Presidencia. Se impugnan los artículos 1 a 9, por su consideración de la Generalitat como actor internacional al margen del Estado español; el 26 sobre las relaciones de la Generalitat con otros gobiernos; los artículos 29 a 33 relativos a la representación de la Generalitat en el exterior, y del 34 al 38, sobre la diplomacia pública de Catalunya.
Homs: "Nos quieren enjaular"
El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha advertido hoy al Gobierno de Rajoy que Cataluña mantendrá su presencia internacional. "Creo que se equivocan impugnando esta ley. Deben pensar que la acción exterior de Cataluña desparecerá, y lo que puedo asegurar es que la presencia exterior continuará y con identidad propia. No hay recurso del PP que lo pueda impedir", ha dicho Homs en declaraciones a los medios tras presidir la reunión del consejo de alcaldes de Osona.
Homs ha sostenido que la Generalitat tiene la impresión de que no se trata de una cuestión jurídica, sino política: "Es evidente que es un actor que no tiene Estado, pero solo hay que repasar la prensa internacional para constatar que Cataluña es un actor político internacional". "Lo que me preocupa es el sentido de fondo que hay tras esta decisión del Gobierno español, que es intentar enjaular al pueblo de Cataluña diciéndonos 'catalanets, no salgáis de esta jaula porque no podéis estar fuera como país", ha añadido.
La vicepresidenta reconoce que el Estatut contempla que la Generalitat pueda desarrollar "algunas funciones de proyección exterior", pero subraya que esas funciones han de "respetar las competencias estatales", que desarrolla una reciente Ley de la Acción y del Servicio Exterior del
Estado. También ha explicado que el recurso se fundamenta en la consideración que la ley catalana de acción exterior tiene de la Generalitat, a la que trata "como un actor internacional al margen del Estado español". La norma conculca asimismo, el principio de unidad de la acción exterior del Estado, "al invadir o al menos menoscabar la competencia estatal en la dirección y puesta en ejecución de la política internacional", ha dicho.
La vicepresidenta también ha mencionado que la norma autonómica "busca desarrollar una diplomacia pública de Catalunya, cuando Catalunya no es un Estado" y por tanto "no es sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas".
Cuando el Constitucional admita a trámite el recurso (todos se admiten salvo error formal en la redacción del recurso), acordará también suspender la vigencia de los preceptos impugnados en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución. Esta suspensión será por un máximo de cinco meses: antes de que concluya este plazo, el tribunal deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta. La Generalitat además tiene derecho a recurrir la suspensión de su ley.
El Gobierno catalán acogió la decisión con irritación. Precisamente este viernes, ha hecho pública la carta con la que notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación su intención de abrir dos nuevas delegaciones en Roma y Viena, antes de publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En el documento, fechado el 23 de diciembre y firmado por el director general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Iban Rabasa, se informa de que en la reunión del Consell Executiu de ese mismo día se habían aprobado los proyectos de decreto de creación de las delegaciones de la Generalitat en Austria e Italia.
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