Sobrecoste del 1.860% en unas obras de Navalcarnero

El proyecto de rehabilitación del casco histórico de Navalcarnero entre 2004 y 2011 tuvo un sobrecoste de más del 1.860%. Así lo revela un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha comprobado que el presupuesto inicial, de 586.000 euros, se disparó por encima de los 11,5 millones (20 veces más). Los auditores recalcan las “dificultades” para corroborar la ejecución del presupuesto y advierten de la posibilidad de que “se imputen gastos a otras aplicaciones presupuestarias”. “No resulta posible el cálculo del total de gastos incurridos en este proyecto por parte del Ayuntamiento”, sentencia. El alcalde desde 1995 es Baltasar Santos (PP), imputado en varios procesos.

Los auditores del Estado advierten del fraccionamiento de contratos

La IGAE muestra su “desconfianza” por “toda la gestión realizada” ante la “inexistencia” de algún control por parte de la Intervención municipal, muy criticada por su aquiescencia con la gestión del regidor. Hasta el punto de que los registros contables del Consistorio “no se consideren fiables”. Una conclusión idéntica a la de la Cámara de Cuentas, que en un informe centrado exclusivamente en el ejercicio de 2012 califica de “irreales” las cuentas del municipio en el año fiscalizado. Como muestra, el Ayuntamiento cifra que tuvo unos números rojos de 54,8 millones cuando en realidad eran muy superiores (97,8). La deuda local supera los 114 millones, según un informe interno del Consistorio del pasado septiembre.

Como en otros proyectos, los expertos del Estado denuncian “la existencia de un claro fraccionamiento” de los contratos “con la intención de eludir los procedimientos legalmente establecidos”. Sin embargo, en el periodo examinado la Intervención municipal no puso ningún reparo ni emitió informes desfavorables pese a que “claramente” vulneraban la ley. Tampoco ocurrió con los decretos con los que el alcalde ordenó el pago de los gastos.

Señalan descontrol en el suministro de materiales como granito

Las obras acometidas en el casco histórico de Navalcarnero, un conjunto urbano catalogado en su mayoría como Bien de Interés Cultural y que por tanto cuenta con la máxima protección de Patrimonio, se ejecutaron “con mucho retraso respecto del plazo inicial”. Parte de los trabajos realizados se acabaron con personal municipal. A la Intervención del Estado le llama la atención que el Ejecutivo local no exigiera una indemnización o penalizara a los contratistas por incumplir los plazos acordados. La demora “podría ser constitutiva de responsabilidad contable”, según la IGAE. La oposición —el PP gobierna con 12 ediles, frente a los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP)— va más allá y afirma que algunas de las partidas están certificadas en falso; es decir, que no se habrían realizado, y su presupuesto se habría desviado a la polémica excavación de cuevas bajo la plaza principal, por un importe de unos 25 millones. “Muchos modificados presupuestarios han sido certificados y abonados sin haber sido ejecutados físicamente, por lo que nos encontramos ante presuntos delitos de malversación y falsedad en documento público, entre otros”, apunta José Luis Adell, portavoz del PSOE.

El presupuesto municipal actual es el prorrogado desde 2008, cuyas previsiones de ingresos anuales por operaciones corrientes eran de 35 millones. En cambio, el ejercicio que más se recauda son 20 millones, calcula la oposición.

El descontrol detectado en el proyecto lo evidencia también el suministro de materiales, como el granito, a los trabajos de rehabilitación del casco histórico. “Hay varios suministradores de granito sin que su origen haya quedado definido y aprobado en el proyecto de construcción y se desconoce si han sido aprobados por el director de las obras”, recoge el informe de los interventores del Estado. Una ilegalidad más, que incumple, en este caso, el pliego de prescripciones técnicas generales de las obras de conservación.