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Protestas en Ourense para frenar el desahucio de una familia con un bebé

El matrmonio debe 2.100 euros de alquiler a los propietarios del piso

Activistas de Stop Desahuicios junto a la madre del bebé (derecha)
Activistas de Stop Desahuicios junto a la madre del bebé (derecha)

Sobre María del Pilar y su familia pesa una losa que, cuando caiga, los dejará en la calle con lo puesto y un pequeño bebé en brazos. El martes de la semana que viene deberá abandonar el vetusto piso en el que vive o será expulsada por la fuerza junto a su marido, su hija adolescente y su otra pequeña de un año. No tienen adónde ir desde que se enredaron en una espiral de calamidades que les impide pagar el alquiler de la casa porque casi no tienen ingresos y que, al mismo tiempo, les cierra la puerta de cualquier otro contrato de arrendamiento. Deben algo más de 2.100 euros a los propietarios del piso porque toda la familia sobrevivía con una renta de integración social que la Xunta de Galicia les concedió hace unos meses. O comían o pagaban el alquiler mensual de 310 euros.

Desde hace unos días, el marido de María trabaja 10 horas a la semana en el sector de la hostelería y por eso creen que, a partir de ahora, podrán vivir un poco más desahogados gracias al reducido salario que cobrará por fregar platos y vasos. De momento, sin techo bajo el que cobijarse, pero con el bolsillo algo más lleno a final de mes. El caprichoso destino quiso que, casi a la misma hora a la que la comisión judicial encargada de expulsar a la familia llegaba al portal del edificio al lado del Miño a su paso por la ciudad de Ourense, enfrente, en la otra orilla del río, decenas de políticos y autoridades judiciales inauguraban, orgullosos, entre vítores y aplausos un gran palacio de justicia que tras una inversión de 18 millones de euros aún no tiene licencia de ocupación. La rabia, exacerbada, corroía a María y a los suyos, pero también a los miembros de la plataforma Stop Desafiuzamentos que, pancartas en mano y gritos en alto, protestaban delante del portal. Justo después, trasladaron esas protestas ante las autoridades que bendecían una nueva casa para la justicia, pero la policía les prohibió acercarse al edificio sin licencia.

Finalmente y bajo el foco de periodistas, reporteros gráficos y ciudadanos, la comisión judicial accedió a prorrogar el desalojo durante siete días para que puedan trasladar las pocas pertenencias que les quedan a otro lugar. “No tenemos absolutamente nada y tampoco sabemos en qué lugar vamos a acabar”, decía la mujer entre lágrimas y con el bebé a su lado, mientras asimilaba que ya no hay marcha atrás. Y es que la familia y los miembros de la plataforma antidesahucios entienden que no corresponde a la propietaria del piso garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de cualquier ciudadano del Estado, pero sí a la Xunta de Galicia, que es la administración que tiene la encomienda de proporcionar protección social de emergencia a familias en situaciones desfavorables. “La dueña del piso se cansó. Es normal. Ella quiere su dinero y por eso nos metió en el juzgado”, explica María.

Sin embargo, la solución ofrecida por el Instituto Galego de Vivienda e Solo ejemplifica que, a veces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. El pasado viernes, a pocas horas del anunciado desahucio, les ofreció ocupar viviendas sociales en Castro Caldelas o en Carballeda de Valdeorras, dos pequeños pueblos enclavados en las montañas más aisladas de Galicia, a 50 y 140 kilómetros respectivamente de su actual casa, y casi sin conexión con transporte público. Si aceptan esta opción, la hija mayor no podría seguir estudiando y su marido perdería el empleo que acaba de conseguir fregando loza porque no tendría cómo desplazarse hasta la ciudad de Ourense: trabaja a jornada partida y no tendría autobús para regresar a su nueva casa hasta el día siguiente. “Esa solución no nos permite ir adelante”, lamentaba la mujer ante los micrófonos en los que también denunció que desde la Administración gallega se le dijo “claramente” que si aceptaba alguno de los pisos en esos pueblos “se hablaría con los funcionarios judiciales para retrasar el desahucio”.

El otro problema que acecha a la familia es la lentitud de algunas administraciones públicas. “Era autónoma en una empresa de limpieza pero me quedé sin trabajo y entonces pedí una ayuda de emergencia, que se me denegó de inmediato. Todavía estoy esperando a que me respondan al recurso que presenté en julio del año”, explica María mientras aclara: “Yo no quiero vivir toda la vida de la administración, pero es peor si me mandan a un sitio en el que no tengo posibilidad de superarme para salir de esta situación”. “Si tuviera trabajo, claro que trabajaría y no pediría estas ayudas, pero no me queda otra por mis hijos”. Ahora, durante los siete días que tienen de margen estudiarán opciones para no quedarse en la calle. Y es que ya tienen asumido que la cuenta atrás de 192 horas iniciada en la mañana de este lunes no cesará y el martes de la semana que viene, la policía llamará a la puerta de la que, hasta ahora, era su casa.