El juez cita a una concejal por el Plan Rabassa y ordena investigar pagarés

El juez Juan Carlos Cerón, que instruye la causa sobre el Plan Rabassa, ha ordenado a la policía que investigue "todo lo relativo" a unos pagarés por importe de seis millones de euros que una de las imputadas, la técnica municipal Isabel Campos, ha admitido haber ofrecido al empresario Enrique Ortiz. Además, el magistrado ha citado a tres nuevos testigos, entre ellos la concejal del PP en el consistorio alicantino Sonia Alegría.

Estas nuevas diligencias han sido acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante en una providencia fechada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado tiene previsto retomar la ronda de declaraciones el próximo jueves con el interrogatorio de otro técnico municipal imputado, José Luis Ortuño, y el de una funcionaria de la Generalitat, Ester Valls Parres, en este caso en calidad de testigo.

El juez ha citado para el próximo 6 de marzo a otros dos testigos, un arquitecto que también trabaja en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Cano, y una funcionaria municipal, María Ángeles de La Sierra, mientras que la concejal Sonia Alegría tendrá que testificar el 20 de marzo a las 9.30.

Las nuevas testificales habían sido solicitadas por las acusaciones. La comparecencia de Alegría se debe a que esta edil acompañó a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en un viaje a Oporto en octubre del año 2008 para conocer las instalaciones con que la multinacional sueca Ikea cuenta en dicha ciudad.

Ese viaje ha sido calificado de "oficial" tanto por el magistrado instructor como por la propia Castedo, que era alcaldesa en esa época, a diferencia de Díaz Alperi, quien había abandonado el cargo recientemente aunque continuaba como diputado por el PP en las Cortes Valencianas.

En su declaración como imputado el pasado mes, el empresario Enrique Ortiz admitió haber gestionado un vuelo en avión privado para que los políticos regresasen a Alicante, aunque precisó que al final la operación no se llevó a cabo porque había vuelos regulares. Por su parte, Castedo mantuvo que el viaje a Oporto tenía carácter oficial pese a lo cual lo pagó de su bolsillo.

En su providencia de hoy, Cerón también ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue "todo lo relativo a los pagarés que, por valor de seis millones de euros, estaban en posesión de Isabel Campos y que esta ofreció a Enrique Ortiz en conversación telefónica de fecha 31 de marzo de 2009".

La propia funcionaria admitió ante el juez el pasado mes que pidió al constructor que asumiese -o intercediese para que un tercero lo hiciera- unos pagarés en poder de su marido, operación en la que podría obtenerse un beneficio en forma de comisión. Su abogado, Joaquín Galant, confirmó después a los periodistas ese pasaje del interrogatorio, aunque le restó importancia y desvinculó el citado negocio de la actuación de Campos en relación al Plan Rabassa.

En su escrito, el juez da cuenta del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra otra providencia, fechada el 9 de enero de 2005, en la que Cerón rechazaba incorporar a la causa del Plan Rabasa las supuestas contraprestaciones recibidas por Castedo de manos de Ortiz que se investigan por otro juez de Alicante en otra de las ramas del caso Brugal, concretamente la relativa al PGOU de la ciudad, en la que la exalcaldesa también está imputada.