La purga de arquitectos acelera el fracaso del urbanismo en Alicante

El aborto del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Alicante se selló el pasado viernes por unanimidad de todos los partidos. Fue la constatación del fracaso de la gestión del Partido Popular, que durante 15 años no ha sabido concretar qué modelo de ciudad quiere para Alicante y que ahora investigan los juzgados. También es la crónica de cómo se desterró del área de Urbanismo a los arquitectos municipales que elaboraron el plan urbano de la ciudad de 1987 (aún vigente) y que no estuvieron dispuestos a firmar todo lo que se les pusiera delante.

Con las elecciones de mayo a la vista, el PP ha retirado un plan por el que están imputados los dos últimos alcaldes de la ciudad y varios de los principales responsables de los servicios jurídicos de la gerencia de Urbanismo, incluido el arquitecto contratado para elaborar el documento ahora despreciado. La mancha de la corrupción se extiende por los casos PGOU y Rabassa. Ambos dibujan una supuesta trama diseñada para contentar al mayor constructor de la provincia y contratista municipal, Enrique Ortiz, quien en más de una obra chocó con informes desfavorables de los arquitectos municipales.

El PP aparto a los expertos de las decisiones investigadas hoy por la justicia

El 13 de octubre de 2008, como consta entre la documentación que instruye el juzgado del caso PGOU, Sonia Castedo, recién nombrada alcaldesa, firmó uno de sus primeros decretos “en aras de lograr una mayor eficacia en la gestión” de la gerencia de Urbanismo, un órgano con personalidad jurídica y patrocinio propio creado en 2001 y controlado por Castedo desde 2003. Supuso la decapitación laboral de Miguel Ángel Cano, jefe de Planificación y Gestión, y de Lázaro López, jefe de Obras y Proyectos. Estos arquitectos eran las cabezas visibles de un grupo homogéneo de aproximadamente 30 empleados municipales que se quedaron sin referentes.

Cano y López pasaron de ser funcionarios de nivel 29 —el máximo es 30— a técnicos de base. A Cano, premio nacional de Urbanismo en los años 80, Castedo le sustituyó por una arquitecta sin apenas experiencia que entró en la bolsa de trabajo municipal tres meses antes, María Ángeles de la Sierra. Lázaro López simplemente pagó haber firmado más de un informe negativo de los numerosos aparcamientos subterráneos licitados en la ciudad en favor de Ortiz. Cuatro días después de los ceses, el PGOU salió a exposición pública y, tras las alegaciones pertinentes, se aprobó en abril de 2009 con la firma de Jesús Quesada, el arquitecto contratado y que, según la policía, se reunió el constructor Enrique Ortiz en varias ocasiones. El decreto fue el golpe final a una resistencia que comenzó prácticamente en 1996, apenas un año después de la llegada del primer gobierno del PP en Alicante de la mano de Luis Díaz Alperi, según las distintas versiones contrastadas con funcionarios y extrabajadores municipales.

Alperi instaba a los jefes de servicio a ayudar a la iniciativa privada

En sus inicios, Alperi explicó a varios jefes de servicio que su función a partir de entonces debía ser la de ayudar a la iniciativa privada, auténtico motor de la economía para el regidor. Cinco destacados arquitectos e ingenieros —Manolo Beltrà, Miguel Garulo, Alejandro Ibarra, Jaume Giner y Cano— mantuvieron una reunión posterior que versó, entre otros temas, sobre cuál debía ser la labor del funcionario. La conclusión no coincidió con la visión del entonces alcalde, quien en ocasiones, especialmente ante informes desfavorables a proyectos relacionados con Ortiz, llegó a espetar a algún técnico: “¿Pero tú quién te crees, Dios?”.

La relación de Alperi con los arquitectos siempre fue difícil. Mantuvo fuertes encontronazos con el primer redactor del PGOU contratado, Lluís Cantallops, profesional reconocido y proclive a un urbanismo más sostenible. En 2005, Cano y el jefe del Departamento Técnico de Planteamiento, Manuel Beltrá, dieron el visto bueno al documento redactado por el urbanista catalán con ciertas salvedades. Luego Alperi lo despidió.

Castedo sustituyó un premio nacional de Urbanismo por gente bisoña

No fue la única víctima. Los arquitectos Sergio Mansanet y Climent Lozano informaron negativamente sobre el proyecto de adecuación urbanística del barrio de Benalúa después de que el urbanizador presentara una modificación con un sobrecoste millonario. El primero fue despedido y el segundo, funcionario de carrera, enviado a una oficina sin contenido donde ya le esperaban otros colegas, Miguel Garulo y Jaume Giner. El caso de este último fue especialmente sangrante. Emitió un informe contrario a enclavar un palacio de congresos en el Benacantil, el monte coronado por el castillo Santa Bárbara. Al volver de vacaciones se encontró su despacho ocupado. Pasó cuatro meses sin asignación jerárquica hasta que fue rescatado por la edil de Hacienda, María Teresa Revenga. Había sido jefe de Disciplina Urbanística 17 años.

La purga coincidió con el auge inmobiliario tras la liberación del suelo en el año 2000. La gestión del PP introdujo novedades: se empezaron a licitar conjuntamente los proyectos y la dirección de obra, de la que se apartó a los técnicos municipales. Y los abogados fueron ganando peso en detrimento de los arquitectos hasta llegar a la situación actual: el plan ha sido retirado, sus principales promotores están imputados junto a los responsables jurídicos de Urbanismo y la ciudad desarrollada sin criterio alguno.