El fiasco del urbanismo de golf y playa

“Esto hubiera sido muy bueno si se hubiera sacado adelante porque con la naranja no ganamos para nada, al contrario”. Un vecino de Burriana habla así del PAI Sant Gregori Golf de Burriana, el segundo proyecto urbanístico con campo de golf más grande de la provincia de Castellón después de Marina d'Or Golf (anulado por los tribunales) y el quinto de toda la Comunidad Valenciana. Lo dice mientras mira delante de sí una vasta extensión de terrenos ahora abandonados que años atrás ocupaban cultivos, hasta que el ladrillo se fijó en estos 2,5 millones de metros cuadrados a lo largo de una franja de dos kilómetros de la costa norte de Burriana. “Entre los que vendieron su terreno y los que están esperando a que se construya, está todo abandonado”, dice. Él está justo en el límite del PAI, donde los naranjos vuelven a resurgir.

El PAI Sant Gregori Golf se presentó en 2000. Era un proyecto de casi 7.000 viviendas para 15.000 residentes (Burriana tiene 35.000 habitantes) y un campo de golf de 27 hoyos. Fue de los primeros de los 12 grandes proyectos de golf anunciados para la provincia de Castellón y en los que el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, basó su estrategia turística para justificar el aeropuerto. Ninguno se ha ejecutado. El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe (PP), recalca que Sant Gregori es el que está “en mejores condiciones de toda la Comunidad Valenciana” para echar a andar porque finalizó en 2011 todo el proceso administrativo y las obras podrían iniciarse de forma inmediata. Pero el proyecto ha estallado.

La urbanizadora Golf Sant Gregori, SA se ha declarado en concurso voluntario de acreedores y ha solicitado al juzgado la liquidación. A la sociedad formada por Bankia (70%) y Urbanizadora Vistamar, del grupo G&C (30%), le ha explotado la burbuja inmobiliaria tras quince años de tramitación que les abocó a tener que iniciar las obras en el peor momento. La devaluación del suelo y la devolución de los terrenos que habían sido adquiridos por la Sareb, el banco malo, han supuesto un golpe definitivo. Los terrenos de la sociedad estaban valorados en 29,7 millones pero ahora valen unos seis. La sociedad tiene unos activos de 14,3 millones y un pasivo de 42,6 millones. Es la quiebra. Algunos vecinos que adelantaron 2,8 millones en pagos por cuotas de urbanización podrían perderlo todo. Ante esta situación, el Ayuntamiento va a iniciar el expediente de resolución con la urbanizadora alegando “incumplimientos reiterados”.

Es la historia de la crisis. Cuando en 2009 la antigua Bancaja entró en la sociedad como socio mayoritario todos pensaban que esto suponía garantizar la viabilidad del PAI. Pero ha sido todo lo contrario. La urbanizadora es ahora una sociedad integrada en BFA —matriz de Bankia— y en 2012 se acordó traspasar los activos al banco malo. Los terrenos y solares estaban valorados en 29,7 millones de euros pero, tal y como consta en los datos del Registro Mercantil, Golf Sant Gregori tuvo que bajar su valor en 24 millones, fijando un precio de venta en 5,6. El problema vino después. En 2013, la Sareb vio que los activos traspasados estaban hipotecados por varias entidades, así que los terrenos se devolvieron.

Bancaja entró para dar viabilidad al proyecto, pero ha sido todo lo contrario

Ahora la urbanizadora tiene los terrenos (un 20% del total) pero con ese deterioro de 24 millones y con una deuda de 31,6 millones por los créditos que se pidieron con garantía hipotecaria sobre los solares. La deuda total actual es de 42,6 millones.

Para intentar salvar la situación, la empresa llegó a un acuerdo con sus acreedores financieros para paralizar el pago de la deuda a cambio de lograr del Ayuntamiento la suspensión del PAI durante dos años. Pero llegó el concurso y el consistorio ha optado por abrir expediente de resolución y buscar otra salida que pasa por la gestión directa o por la búsqueda de un nuevo urbanizador. “El presupuesto de obra supera los cien millones, el ayuntamiento se colapsaría si asumiera el programa”, reconoce Calpe.

El regidor reunirá a los propietarios afectados (unos 300 que tienen cerca de la mitad de los terrenos) para abordar posibles salidas. De no encontrarlas, el Ayuntamiento podría enfrentarse a un verdadero conflicto. Además, la rescisión implica, como consta en un informe municipal del pasado año, la cancelación de la programación. Lo mismo ha hecho Torreblanca con el PAI Doña Blanca Golf, de casi dos millones de metros cuadrados y 4.500 viviendas. Eran los únicos dos proyectos de golf de la provincia que habían anunciado el inicio de las obras.

En Burriana, el sueño de golf y playa es solo un espejismo del que queda una majestuosa maqueta en el Ayuntamiento de Burriana. En la parte real quedan los solares abandonados y las viviendas diseminadas que había en la zona okupadas.