El exalcalde de Paterna, camino de ser juzgado por el caso del auditorio
La juez abre procedimiento abreviado a Lorenzo Agustí por supuesta prevaricación administrativa
El exalcalde de Paterna Lorenzo Agustí, del PP, va camino de ser juzgado por supuesta prevaricación administrativa por la adjudicación a dedo en 2009 del proyecto del auditorio de la localidad, un contrato por el que el Ayuntamiento pagó 456.000 euros. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Paterna dictó el pasado 12 de enero auto de procedimiento abreviado en el caso al considerar que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales" de delito.
El caso se inició por una denuncia del portavoz socialista en Paterna, Juan Antonio Sagredo, ante la Fiscalía Anticorrupción, que llevó a su vez el asunto al juzgado al considerar que se había incurrido en prevaricación. Ahora la juez ha abierto el plazo de diez días para que tanto el ministerio público como la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE, personado en la causa, soliciten o no la apertura de juicio oral.
La juez considera en el auto que Agustí encargó el proyecto "con contravención manifiesta de principios básicos de la contratación pública como son el de publicidad y transparencia en los procedimientos, y el de eficiencia en la utilización de los fondos destinados a la realización de obras y contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre concurrencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".
Como denunciaron en su día los socialistas, la juez señala que el exalcalde encargó directamente el proyecto al Estudio de Arquitectura de Paterna con el argumento de que había prisa para que se financiara la obra, como así ocurrió, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como Plan E o "plan Zapatero". Según el auto, hasta el 23 de enero de 2009, cuando el estudio encargado ya había redactado tanto el proyecto del auditorio como el del parque central, a falta de lo que la juez califica como "una pequeña medición", no se iniciaron "los trámites para regularizar la contratación, realizándose a partir de este momento una serie de informes tendentes a formalizar el contrato con el Estudio de Arquitectura de Paterna SLP que en la práctica estaba consumado casi en su totalidad, y que finalmente queda plasmado por escrito en fecha 11 de marzo de 2009, fijándose como honorarios del estudio de arquitectos por la redacción de los proyectos la suma de 456.470 euros, importe que estableció unilateralmente el estudio de arquitectos sin que se produjera negociación alguna".
Adjudicó el proyecto "con contravención manifiesta de principios básicos de la contratación"
La juez añade que "hasta después de la contratación del estudio de arquitectos", Agustí no sometió su decisión al asesoramiento de la secretaria y el interventor municipales, el oficial mayor o la jefa de contratación. De hecho, el proyecto se contrató pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y del interventor municipal. Considera la juez que el exalcalde adoptó su decisión "sin someterla a fiscalización hasta que el contrato estaba consumado y por ende se había generado la obligación de pago para el Ayuntamiento, y ello a sabiendas de que la negociación del contrato con otros licitadores habría supuesto una mejora económica en las condiciones del contrato público adjudicado, el cual, a la vista de las circunstancias, fue celebrado en perjuicio de los intereses de los ciudadanos y en contra de la causa pública".
El del auditorio no es el único caso en el que está imputado Agustí, que dimitió a finales del pasado mes de julio. Además de la denuncia de los socialistas, tiene abierta una segunda causa por el gasto de 628.000 euros en un plan de marketing destinado a la promoción del proyecto de una zona franca, denunciado por Compromís. Una tercera denuncia está en manos de la Fiscalía, a iniciativa de sus sucesora en la alcaldía, Elena Martínez, también del PP, por la gestión de la Fundación para la Innnovación de la Infancia, una entidad creada por el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), cuyo único proyecto consistió en crear una superguardería, la escuela Tic Tac, que llegó a inaugurar la infanta Elena a finales de 2013 y se vio obligada a cerrar un año después tras haber consumido 6,5 millones de euros.
