Oriol Pujol “facilitó” el “acceso ” de la trama de las ITV a Mas, según el fiscal

El exdiputado de CiU Oriol Pujol “facilitó” a un empresario amigo suyo el “acceso” al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que llevase a buen puerto un negocio millonario: la deslocalización de la planta industrial de Sharp. El empresario, Sergi Alsina, cobró 3,2 millones de euros de la multinacional japonesa por ayudarle a buscar un comprador. Pero no lo logró solo: contó con la intervención “intensa y decisiva” de Pujol, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Alsina recompensó a su amigo, pero lo hizo a través de la mujer de este: Anna Vidal, esposa del político, cobró 236.000 euros por un supuesto “análisis financiero” de la operación que, en realidad, no hizo, concluye la Fiscalía.

Anticorrupción ha pedido esta mañana que se amplíe la imputación contra Pujol en el caso ITV -la presunta trama corrupta que intentó amañar concursos públicos de estaciones de ITV- por un nuevo delito de soborno y por un delito de falsedad documental. En una comparecencia celebrada hoy, en la que se han concretado las acusaciones y las partes han fijado sus posiciones, se han barajado distintas fechas para su declaración; una de ellas es el 26 de enero, un día antes de la declaración de su padre, el expresidente Jordi Pujol, que ha sido imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En un escrito contundente, el fiscal Fernando Maldonado relata que, entre 2010 y 2012 -ya con CiU al frente de la Generalitat- el empresario Alsina fue contratado, como intermediario, por varias mercantiles que estaban en procesos de deslocalización en Cataluña: la citada Sharp, Yamaha y Sony. Alsina contrató “aparentemente” los servicios de Anna Vidal “en concepto de asesoría, retribuyéndose generosamente”. Pero lo que estaba pagando, en realidad, eran “los servicios de Oriol Pujol Ferrusola, quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio y de los otros dos imputados”.

El hijo del expresidente de la Generalitat prestó su influencia política a su amigo íntimo Sergi Alsina en, al menos, cuatro operaciones: las tres deslocalizaciones y un proyecto de Seat en Martorell. El empresario obtuvo unos ingresos superiores a los 11 millones. Y la familia Pujol-Alsina recibió cerca de medio millón de euros. Alsina no lo consiguió solo por sus méritos profesionales, sino que “contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya que le facilitaban su labor profesional”. A cambio, retribuía a la mujer de Pujol “por una labor de asesoramiento ficticia”.

La intervención de Pujol -que además de diputado era número dos de Convergència Democràtica de Catalunya- varió por cada deslocalización. La que requirió contactos a más alto nivel fue la de Sharp. Pujol “intervino directa e indirectamente en las negociaciones para la venta de la planta de Sharp”, abunda el fiscal:habló con los dueños de Cirsa -que finalmente se quedó los activos de la multionacional-; “facilitó el acceso al presidente de la Generalitat, al director de la Agencia Tributaria catalana y a altos cargos del Departamento de Industria”; coordinó “llamadas y actuaciones” e incluso “fijó la estrategia de comunicación del éxito de la operación”.

En todas las operaciones, Anticorrupción considera que Alsina pagó a Vidal por trabajos ficticios o inútiles. En el caso de Sharp, la mujer dePujol se limitó a “aportar información manuscrita con apuntes y referencias sobre las empresas candidatas, fácilmente obtenible en internet”. También “copió” estudios realizados antes por otras personas y empresas, “carente de valor a efectos de un posible informe o trabajo realizado merecedor de la retribución percibida”.

El caso ITV está aún en fase de instrucción y se está tramitando por el procedimiento del jurado popular. Nueve ciudadanos juzgarán si el exdirigente de CDC cometió los delitos que se le atribuyen. Oriol Pujol fue imputado inicialmente por tráfico de influencias, acusado de “presionar” a altos cargos de la Generalitat para situar a personas de su confianza en puestos clave del sector de las ITV. El exdiputado usó, presuntamente, su “peso político” para “lucrarse personalmente” con la trama, que trató de tumbar una adjudicación de estaciones de ITV para lograr una nueva convocatoria a la medida de sus intereses. Más tarde, fue imputado también por cohecho: los investigadores sospechan que cobró 30.000 euros de empresarios implicados en la trama por defender sus intereses durante la tramitación, en el Parlamento catalán, de la Ley de Seguridad Industrial, que iba a fijar un nuevo marco en el sector de las ITV.

Ahora, la Fiscalía pide que se impute a Oriol Pujol un nuevo delito de cohecho y un delito continuado de falsificación en documento mercantil. Los mismos delitos que solicita para su mujer para el empresario. Anticorrupción también pide que se les tome declaración como imputados el próximo mes de enero. Las partes en el proceso han expuesto hoy sus puntos de vista en una comparecencia prevista por la ley del jurado antes de escuchar a los imputados.

El fiscal también ha propuesto que declaren como testigos dos antiguos empleados de la empresa de Alsina, Alta Partners, así como directivos y responsables de las empresas implicadas en los procesos de deslocalización: el presidente de Cirsa, Manuel Lao; el directivo de Seat Miquel Salaet o el presidente del Grupo Sesé (que se quedó la planta de Yamaha), Alfonso Manuel Sese.