Un centenar de desahuciados acceden a viviendas sociales en tres años

Un total de 107 viviendas del parque público de la Generalitat han sido ocupadas en alquiler por personas desahuciadas de sus casas desde que se puso en marcha el plan extraordinario de alquiler de interés social, a finales del año 2011. Así lo recoge una respuesta parlamentaria de la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, a una pregunta de la diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador. En la misma respuesta, Bonig cifra en 350 el total de pisos entregados en toda la Comunidad Valenciana dentro del mencionado plan.

Se trata de pisos pertenecientes al parque de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), sucesora del antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda. La mayoría de las viviendas alquiladas a precios sociales a familias desahuciadas de sus casas están situadas en Paterna (26), seguida de Sagunto (16), Valencia (8), Alicante, Nules y Requena, las tres con siete. Por lo que se refiere al total de pisos entregados en aplicación del plan extraordinario de alquiler de interés social, Paterna reúne 64 de las viviendas entregadas, Sagunto 43, Monòver 25, Alcoi 21 y Alicante 15.

Para la diputada Salvador, las cifras resultan “ridículas” si se comparan con el número de desahucios que registra la Comunidad Valenciana. Y pone como ejemplo los datos del Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre de 2014. Según esa estadística, se registraron en España 18.749 desahucios, lo que representa un aumento del 3,7% en relación con el mismo periodo del año anterior. De esos desahucios, un total de 2.901 se produjeron en territorio valenciano, y suponen un 15,5% de los producidos en toda España. En el mismo periodo de 2013, hubo 2.467 desahucios en la Comunidad Valenciana.

La parlamentaria socialista señala que el de alquileres de interés social, impulsado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la consejera Bonig en noviembre de 2011, es “el único plan existente y representa un fracaso porque se evidencia que no hay viviendas suficientes del parque público para hacer frente a este drama”.

Por otra parte, Salvador señala que se acaba la moratoria que estableció el Gobierno en el decreto ley de protección de deudores hipotecarios de 2013, modificado posteriormente por la ley de 2013. Por eso el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que, mientras persista la actual situación económica que impide a mucha gente pagar sus hipotecas se mantenga la moratoria y se flexibilicen las condiciones de acceso a la misma, que considera demasiado restrictivas. En el mismo sentido ha presentado una iniciativa la diputada socialista en las Cortes Valencianas. “Son leyes parche que no contienen normas efectivas para rescatar a las personas”, sostiene Salvador. “Y no resuelven el problema de miles de familias afectadas por la crisis económica sobrevenida, que les ha llevado a perder su vivienda”.