El Supremo anula las sentencias que avalaron los ERE de UGT y Estepona

El Tribunal Supremo ha ordenado repetir los juicios que avalaron los despidos ejecutados por el sindicato UGT y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), y que afectaron a 176 trabajadores del Consistorio y 159 de la mayor central andaluza. De este modo, el alto tribunal corrige al Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que había autorizado ambos expedientes, y que ahora debe repetir ambos juicios al haber rechazado varias pruebas decisivas solicitadas por las defensas de los trabajadores.

La Sala de lo Social del Supremo ha avanzado este jueves el fallo, cuyo contenido se hará público en los próximos días, y que afecta a dos entidades protagonistas de sendos procesos judiciales —el de las facturas falsas y el caso Astapa—. La primera sentencia responde al recurso interpuesto por los trabajadores de UGT ante el alto tribunal. Estos habían solicitado a los jueces del TSJA la admisión de pruebas documentales que supuestamente demostraban que no había razón económica que justificara el ERE, y que UGT mantenía un entramado de empresas que representaba beneficios para la entidad, al margen de los números rojos que alegaba el sindicato para despedir a los trabajadores. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJA en Málaga desestimó admitir las pruebas, una evidencia que los trabajadores consideraban fundamental y a los que ahora el Supremo da la razón.

UGT Andalucía está inmersa en la crisis de las facturas falsas y la Guardia Civil le acusa de cometer un fraude sistemático con subvenciones para financiarse de manera ilegal, mientras que el juez ha imputado a los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla por conocer esta supuesta contabilidad B. En este sombrío panorama judicial, la economía del sindicato se encuentra en una situación muy crítica y la sentencia de este jueves no despeja la salida a los números rojos, dado que podría devenir en la reincorporación de los trabajadores demandantes a la plantilla.

Este revés judicial supondría para UGT un costo de entre tres y cuatro millones, según fuentes del caso. A la pérdida de prestigio y afiliados se le une la losa resultado de la revisión de su contabilidad por la que UGT ya devolvió fondos públicos: la Junta le reclama en firme al sindicato el reintegro de 15,3 millones por ayudas sin justificar. Eso sí, esta importante reclamación deberá afrontarla tras recurrir a la vía judicial, lo que se demorará años.

En paralelo al ERE para 159 trabajadores cuyo juicio el Supremo ha ordenado repetir, la central presentó un expediente temporal (ERTE) para 57 empleados, desestimado por el TSJA y sobre el que el Supremo se pronunciará en breve. Los jueces del TSJA ordenaron la reanudación de los contratos de trabajo así como el pago de los salarios, y UGT decidió apelar al Supremo para avalar su reducción de plantilla. De momento, en la guerra entre el sindicato y los trabajadores, las espadas siguen en alto.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha rechazado este jueves pronunciarse sobre la sentencia del Supremo, y la central se limitó a mostrar su “total respeto a la decisión” del Supremo. “Permanecemos a la espera de la nueva fecha de celebración del juicio para aportar la documentación y argumentación pertinente”, ha concluído el sindicato en un comunicado.

El TSJA deberá admitir las pruebas de los trabajadores que había rechazado

La situación crítica de las cuentas del sindicato proviene de la mala gestión de Pastrana durante 15 años y su ex número dos y sucesor Francisco Fernández Sevilla. Los trabajadores denunciaron el supuesto despilfarro en gastos suntuosos desde la cúpula, pero esta optó por la reducción de personal como solución para hacer números una vez que desaparecieron los fondos para la Junta de la formación (de hasta 33 millones al año).

Por otra parte, los responsables del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) están tranquilos con la orden del Supremo para repetir el juicio sobre el ERE aplicado en 2012, que supuso la salida de 176 trabajadores. “En ningún caso declara la nulidad ni pone de manifiesto irregularidades o vulneración de derechos”, ha opinado la concejal de Personal, Pilar Fernández-Fígares.

El ERE se enmarcó en un plan de ajuste puesto en marcha por el alcalde, José María García Urbano (PP), para equilibrar las cuentas municipales y cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se consumó después de negociaciones infructuosas con los sindicatos, que al final optaron por recurrir a los tribunales. El objetivo último del despido colectivo era alcanzar un ahorro de seis millones al año y tuvo un coste en indemnizaciones de 2,9 millones.

La partida destinada a personal engullía el 86% de los ingresos que tenían las arcas públicas y la reducción del gasto era necesaria para acceder al plan de pago a proveedores, con los que existía una deuda de 66 millones. Los motivos “objetivos” alegados para consumar el expediente (sobre trabajadores contratados sin proceso de selección) fueron de organización y económicos. Es decir, la falta de presupuesto para afrontar las nóminas. La plantilla había crecido con los anteriores gobiernos del GIL y el PSOE, bajo el paraguas del boom inmobiliario. En 2011 los 760 trabajadores de las empresas municipales pasaron a formar parte del organigrama del Ayuntamiento, que sumaba otros 512 empleados. Según fuentes municipales, actualmente se mantienen 700 trabajadores.