La suciedad en las calles sale ‘rentable’

Las cuatro empresas (OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial) que desde hace un año se encargan de limpiar las calles de la capital dejaron de ingresar entre enero y julio cerca de 5,5 millones de euros debido a las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento por no llevar a cabo bien su trabajo.

De seguir en esta línea, a final de año esa cantidad habrá ascendido a 9,4 millones. El expediente de regulación temporal de empleo aprobado por las empresas tras la huelga de hace un año ha reducido el servicio en 9,6 millones de horas de trabajo anuales, según un informe elaborado por Comisiones Obreras, lo que equivale a sacar de las calles a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas (un tercio).

Con este recorte en el número de trabajadores, las empresas se ahorran 55,3 millones anuales, según el sindicato. Es decir, que con el sistema de control diseñado por el Ayuntamiento para que las empresas hagan bien su trabajo, a éstas les sale a cuenta prescindir de trabajadores y sufrir las penalizaciones económicas derivadas de no hacer bien su trabajo.

El gobierno municipal, que dirige Ana Botella (Partido Popular), ha dado total libertad a las empresas para contar con el número de trabajadores que crea necesarios. Hasta hace un año, el contrato de limpieza viaria estipulaba la plantilla mínima con la que debía contar el servicio, para asegurar así su calidad a partir de los medios dedicados a ello. Ahora, en cambio, el Ayuntamiento controla 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen...) mediante inspectores, de forma que si detecta que no se cumplen, impone una penalización en el pago mensual.

Hay 300 inspectores, que tocan a 17 hectáreas de aceras y calles cada uno a revisar a diario. El Ayuntamiento ha avanzado ya que aumentará sus horas de trabajo en fines de semana, tras detectar que las empresas se “relajan” esos días en los que hay menos técnicos vigilando su labor.

Este nuevo sistema de control, que entró en vigor en agosto de 2013, permitió al Ayuntamiento licitar el servicio a un precio un 10% inferior del que pagaba anteriormente. Aglutinó los 39 contratos hasta entonces en vigor en un solo, de 10 años de duración, que sacó a concurso por 2.317 millones. La competencia entre empresas interesadas llevó a éstas a ofrecer rebajas adiciones, de forma que el contrato se adjudicó en julio de 2013 por 1.944 millones. Es decir, 600 millones menos de lo que costaba el servicio hasta entonces, un 23,7% de ahorro para las arcas municipales.

Para compensar esa rebaja de ingresos, tres de las cuatro empresas (OHL, Sacyr, FCC) intentaron aprobar en octubre un expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.134 trabajadores (un 15% de la plantilla). Una huelga de 13 días de duración, que sepultó la ciudad bajo toneladas de porquería y dañó el crédito político de Botella, frenó los despidos.

Pero empresas y trabajadores pactaron a cambio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que prevé 45 días de suspensión de empleo al año, congelación salarial y no reposición de vacantes hasta 2017. Según el cálculo de Comisiones Obreras, las empresas se ahorrarán así, en el peor de los casos (tomando como referencia el sueldo bruto anual sin antigüedad de un peón de jardinería, 14.500 euros, y de un peón de limpieza viaria, 20.770 euros), un total de 55,3 millones anuales. En los cuatro años de duración del ERTE, contando salarios y seguros sociales, el ahorro ascenderá a 221,25 millones.

Gracias a esta rebaja de plantilla, en cuatro años las empresas cubrirán el 60% del recorte de ingresos (375 millones) que ofrecieron al Ayuntamiento para hacerse con el contrato, de 10 años de duración; y el 37% de la cantidad total que dejarán de ingresar en una década con respecto al contrato anterior (605 millones).