Un juez condena al Gobierno por vulnerar los derechos de Jorquera

El Gobierno, a través de su Subdelegación en A Coruña, ha sido condenado por vulnerar los derechos del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, al multarle con 600 euros por su participación en las protestas ciudadanas contra el desahucio de una anciana, Aurelia Rey. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, que tras estimar el recurso de Jorquera contra la sanción y anularla, condena al Ejecutivo a pagar las costas del juicio, con un límite de 700 euros.

 Es la primera sentencia sobre los recursos presentados por ocho personas, entre ellos cargos públicos del BNG y EU, activistas de Stop Desahucios y el bombero Roberto Rivas, multados por participar en aquellas movilizaciones de febrero de 2013 que impidieron que una costurera jubilada de 85 años fuese expulsada, sin alternativa, del modesto piso en el centro de A Coruña en el que vivía de alquiler desde hacía más de tres décadas. Jorquera, al igual que los demás sancionados, fue multado meses después de aquellas protestas por considerar las autoridades policiales que provocó reacciones del público concentrado delante del portal del Aurelia Rey que podían alterar la seguridad ciudadana.

La sentencia, que la Subdelegación del Gobierno puede recurrir ante el Tribunal Superior de Galicia, destaca que la denuncia policial contra Jorquera se realizó mes y medio después de ocurrir los hechos, y no se menciona en el atestado realizado por los agentes durante esos días. El juez remarca que en sus declaraciones los agentes, por el contrario, no parecieron darle relevancia penal al empujón que supuestamente dio el dirigente del Bloque a uno de ellos. Y considera que las autoridades no probaron en absoluto que Jorquera fuese, como afirmaba la denuncia, “la cabeza visible de los allí concentrados”.

“Necesariamente se debe concretar el contenido del grito o gesto para poder entrever y valorar la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana”, recuerda el juez. Y resulta “insuficiente una fotografía”, añade en relación a la única prueba que presentó la Subdelegación del Gobierno. Por ello, entiende el juzgado que fueron vulnerados los derechos fundamentales del diputado nacionalista.

Este recibió el fallo judicial como una confirmación del recorte de libertades que, en su opinión, se está produciendo en el conjunto del Estado, “con la ley mordaza a las protestas contra las políticas injustas”. “Buscan coaccionar y les lleva a vulnerar el derecho de reunión y de manifestación, de eso habla la sentencia”, subrayó Jorquera. Como él, también recurrieron ante los tribunales su multa por aquella movilización ciudadana el concejal del BNG Xosé Manuel Carril y el bombero coruñés Roberto Rivas, que se hizo famoso por blandir el logo de Stop Desahucios tras negarse, junto a a un compañero, a facilitar a la policía y a los funcionarios de justicia la entrada al portal de Aurelia Rey. “No es nuestra labor echar a la gente de sus casas”, remarcó el bombero cuando se celebró, a principios de septiembre, el juicio contra la multa que le impuso el Gobierno.