Los errores de la juez Alaya

La tirantez que existe entre la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía ha devenido en guerra abierta. El motivo: los cursos de formación que la magistrada pretende investigar en exclusiva. La Junta la acusa de haber vulnerado el derecho al juez natural y ha pedido que sea apartada de la causa.

Una causa que es una mina de oro para un juez ambicioso. Según previsiones de la propia Alaya, puede sobrepasar los dos millones de documentos, con 950 millones de euros en juego (años 2008 a 2011). El PP eleva esa cifra a 4.000 millones en 10 años y el Abc a 5.096 millones.

La causa se encuentra repartida en 18 juzgados de la comunidad. La policía nacional ha realizado centenares de interrogatorios. Pues bien, Alaya intenta unificar toda la causa. Quiere que el resto de sus compañeros y la policía renuncien a sus pesquisas y le pasen lo investigado. Todo, en base a la declaración de un testigo estrella de la juez, Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta.

Montes se presentó un buen día en el juzgado de Alaya para denunciar las irregularidades que, en su opinión, se estaban produciendo en los cursos. El juzgado lo remitió a la Guardia Civil, que le tomó declaración, y se la entregó a la juez Alaya.

Un error, argumenta la Junta. Pues la declaración de Montes ante la Guardia Civil debió ir a uno de estos dos sitios: el Juzgado 9 de Sevilla, que ya instruía una causa contra UGT por los cursos, o al decanato, para que se procediera al reparto ordinario entre todos los jueces de instrucción.

En lugar de eso, Alaya pretende apropiarse del asunto. Por ello, la Junta ha pedido la nulidad de las actuaciones y que se aparte a la juez del caso. Considera que se ha vulnerado el derecho al juez natural, lo que podría mandar al garete lo investigado hasta ahora.

Montes es un curioso testigo que se ha desdicho en varias ocasiones. Un día acusó a la CEA y a los sindicatos de cobrar comisiones de un 20% al subcontratar los cursos y al día siguiente sacó a la patronal del paquete y no aportó pruebas de las mordidas de los sindicatos.

Estas tres instituciones expresaron su intención de querellarse contra Montes. Alaya salió en defensa de su testigo y prohibió a la prensa difundir su fotografía. Cuando ya llevaban dos semanas todos los medios con su imagen en portada.

Pretender amordazar a la prensa es un nuevo error de Alaya. Una medida considerada “extemporánea e ineficaz” por la Asociación de la Prensa de Sevilla. La juez cree que algunas “entidades” (sindicatos y patronal) “utilizan a la prensa para presionar al testigo”.

Éstos y otros errores en pocos días muestran que quizá Alaya ha perdido los papeles. Esperemos que sea una pérdida pasajera.

@JRomanOrozco