Calatrava dice que Camps le pidió una obra más grande en Castellón

El arquitecto Santiago Calatrava dijo ayer que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps le pidió un proyecto de grandes dimensiones, al testificar como imputado sobre los sobrecostes derivados de su proyecto para el Centro de Convenciones de Castellón, que finalmente no llegó a ejecutarse, según la acción popular que ejerce el grupo Esquerra Unida (EU).

La defensa, consultada, niega que la declaración de Calatrava suponga una implicación de Camps, pero confirma la existencia de una llamada y la reunión entre el arquitecto y el entonces presidente.

La esperada declaración judicial de Calatrava como imputado en una causa que investiga posibles irregularidades en su contratación para la obra no arrojó demasiada luz sobre qué organismo o quién le autorizó oficialmente a sobrepasar las características iniciales de la obra. Hasta en dos ocasiones, sin embargo, apuntó hacia el expresidente como la persona que, indirectamente, respaldó el proceso. En la declaración desveló una llamada telefónica y una reunión con Camps en la que autorizó un diseño que superaba los 60 millones “orientativos” estipulados por contrato.

Esquerra Unida considera “crucial” la llamada de Camps al arquitecto

La llamada de Camps se produjo antes de la presentación oficial de la maqueta y en un momento en el que no se habían definido aún las dimensiones del proyecto. La empresa pública que encargó la obra había remitido al arquitecto un programa de necesidades que implicaba construir el edificio en un solar de 17.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Castellón lo eleva a 62.000 metros. Unos días después, el despacho del arquitecto dice que recibe un tercer proyecto de 48.000 metros. Finalmente, presentó un plan basándose en la última opción. “La maqueta expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente (…) Son requerimientos asumidos unilateralmente”, recoge el informe del técnico de la SPTCV emitido días después de la presentación del proyecto básico en noviembre de 2008. Desde entonces, la sociedad inicia una batalla epistolar con el arquitecto para que rectificara porque estimaron en 180 millones (cien en una primera fase) el coste de un edificio que se había presupuestado en 60.

Camps llamó a Calatrava antes de la presentación de la maqueta y le pidió que se volcara en la obra porque quería algo “emblemático” que pusiera a Castellón en el mapa. Según ha explicado el diputado de EU Ignacio Blanco, el arquitecto entendió con esta llamada que su proyecto no debía ajustarse a los 17.000 metros iniciales. De hecho, acabó presentando una obra mayor que implicaba un coste mayor. “Nos parece una llamada crucial, uno de los grandes misterios era saber quién estaba detrás”, dijo. Su defensa asegura por su parte que el arquitecto presentó un proyecto que podía ajustarse a posteriori al presupuesto de 60 millones ante la indefinición de las dimensiones. Calatrava sostiene que cumplió en todo momento con el contrato.

Desde noviembre de 2008 hasta justo un año después existen varios documentos de la SPTCV en la que se le requiere insistentemente para que rectifique y se ciña a los 60 millones. El proyectista, por su parte, exige cobrar los últimos 1,35 millones por la redacción del proyecto básico (el Consell pagó un total de 2,7 millones) y amenaza con demandar por enriquecimiento injusto a la empresa pública.

El consejo de administración de la SPTCV celebrado en marzo de 2009 acordó “no abonar” dicho importe “hasta la modificación y adecuación del mismo”. Pero Calatrava acabó cobrando a finales de ese año tras un cambio en la cúpula de la sociedad.

El arquitecto desveló ayer que días después del pago Francisco Camps se reunió con representantes de su despacho. Según EU, Calatrava habría admitido ante el juez que el político ratificó en ese encuentro el proyecto de tres fases que implicaba un coste de cien millones iniciales y 180 en total. Su defensa lo niega y aseguran que Camps se limitó a escuchar las características de la obra y que el propio proyectista le dijo que en el proyecto de ejecución podía hacer solo la primera fase y adecuarlo a los 60 millones.

El entorno de Camps, por su parte, aseguró que ni el expresidente, ni el Consell, ni nadie de la Administración autorizaron “sobrecostes” en la obra. El proyecto se paralizó poco después por la crisis y porque los tribunales anularon el plan urbanístico que le iba a dar cabida. El Tribunal Superior de Justicia valenciano informó de que el juez no ha acordado nuevas diligencias tras la declaración de Calatrava.