Fabra se aferra a una reforma inviable del Estatut para acabar la legislatura
La izquierda cree que el PP está al final de un ciclo que concluye en elecciones
![El presidente Alberto Fabra, durante la sesión de control.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CIWYM6GTM4K6GLAVNWQGQQ555Q.jpg?auth=fc8baa5dcf86a2963f1dbd43f8a9262ff056b7777595f1181ab973051f6aae33&width=414)
El presidente de la Generalitat emprendió este jueves un viaje a ninguna parte al anunciar, durante la sesión de control en las Cortes Valencianas, que convertirá su propuesta de reforma del Estatut d’Autonomia en un proyecto de ley para que sea debatido en el último tramo de la legislatura. Fabra anunció su intención de llevar en solitario el paquete de medidas para regenerar la vida política anunciado el pasado mes de septiembre en el último debate de política general, que incluye la propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes y la aprobación de una ley de Transparencia.
Vestida como un paquete de reformas que incluye la retirada del aforamiento de los diputados o mecanismos para facilitar la iniciativa popular, en realidad el núcleo de la reforma estatutaria prevé recortar de 99 a 79 el número de diputados de las Cortes Valencianas y la elección directa de un tercio de ellos en circunscripciones uninominales. Dos medidas que benefician claramente al partido mayoritario y limitan las posibilidades de los grupos minoritarios.
Fabra se aferra, pues, a una reforma electoral al acabar la legislatura que la oposición, con su rechazo, convierte en inviable, ya que hacen faltan dos tercios de los votos de la Cámara para sacarla adelante. El propio vicepresidente, José Ciscar, lo asumió en la respuesta a una repregunta al señalar que aunque “no se aprobará posiblemente”, la iniciativa hará que la oposición tenga que retratarse. “Vamos a ponerles delante del espejo y vamos a ver si se suman al esfuerzo de los valencianos [para salir de la crisis]”, retó Ciscar a la izquierda.
El presidente y Ciscar escenifican una sintonía rota por la caza del topo
La oposición, por su parte, trató a Fabra como a un desahuciado del poder. “Su Gobierno no funciona, envuelto en intrigas palaciegas”, le recriminó el socialista Antonio Torres, que aludió a la caza del supuesto topo del Palau de la Generalitat que ha llevado a la destitución del jefe de seguridad. “Una hipoteca y una ruina total” son el legado que Fabra deja de cara una nueva etapa de “rigor y decencia”, según el portavoz de Compromís, Enric Morera. Marga Sanz, de Esquerra Unida no tuvo empacho en describir al todavía jefe del Consell como el oficiante de un velatorio y en emplazarle a “acabar con dignidad”.
Acosado por los escándalos, el Consell intentó dar una imagen de unidad. Fabra y Ciscar escenificaron ante las cámaras una sintonía que las filtraciones desde Presidencia, primero, y la obsesión por localizar al topo entre el equipo del vicepresidente han acabado por quebrar. El protagonismo acordado entre los dos impidió que la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana pudiese contestar a las repreguntas de la oposición sobre el copago de mayores y dependientes. El único consejero que pudo intervenir en la sesión de control al presidente fue el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, para replicar a Compromís por la deuda comprometida a largo plazo. “Tenemos un problema de ingresos, no de gasto”, indicó el consejero.
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