Sanchis pide imputar por prevaricación a Gerardo Camps en la causa del Valencia

El socio del Valencia CF Andrés Sanchis, que presentó una querella contra cuatro exdirectivos del club por la ampliación de capital en 2009, ha pedido al juzgado de instrucción número tres que investiga los hechos la imputación del exvicepresidente del Gobierno valenciano, exconsejero y actualmente diputado nacional del PP Gerardo Camps por un presunto delito de prevaricación relacionado con el aval concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación VCF para esa operación en su etapa como consejero de Economía y presidente de este organismo.

El querellante y abogado Andrés Sanchis ha explicado que esa solicitud se presenta a raíz de la sentencia en la que el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Valencia declaró nulo ese aval --con el que la fundación obtuvo un préstamo de Bancaja para acudir a la ampliación y convertirse en máximo accionista del club--, ya que argumentaba que esa actuación "reunía todos los requisitos para ser considerada injusta" y, por tanto, incurrir en un delito de prevaricación.

El abogado mantiene que ese pronunciamiento "cuestiona si el aval es correcto o ajustado a derecho" y de ahí, agrega, su reciente petición de que se amplíe contra Gerardo Camps el proceso penal abierto contra el expresidente y exvicepresidente del club, Manuel Llorente y Javier Gómez, y los entonces máximos responsables de la Fundación VCF, Társilo Piles, y de Bancaja, José Luis Olivas, imputados en la causa.

Además, dada la condición de aforado de Gerardo Camps como diputado en el Congreso, ha pedido al juzgado que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al tratarse de una actuación de la que debe responder por razón del cargo que ostentó como conseller, o de la sala segunda del Tribunal Supremo, para que dicho órgano sea el encargado de la instrucción y enjuiciamiento.

Tanto el proceso penal como el seguido por la vía contencioso-administrativa tienen su origen en las denuncias interpuestas por socios del Valencia CF en relación con el aval al club.

El penal responde a la querella interpuesta por Sanchis por un presunto delito societario, al denunciar que los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación de capital fueron destinados a "elevados pagos a dirigentes" que "no deberían haberse satisfecho" por el "mal estado económico" de la entidad.

En cuanto al contencioso-administrativo, los dos socios que plantearon el proceso alegaban que la concesión del aval debía de estar sujeta a la normativa europea en materia de ayudas públicas y criticaban que el objetivo de esa garantía era permitir a la fundación la adquisición de las acciones "con carácter preferente" al resto de socios y que, además, se concedió a una entidad que carecía de ingresos y, por tanto, de posibilidades de costear el importe.