Cientos de docentes con plaza ignoran su destino este curso

El muy castigado sector de la enseñanza pública en Galicia tiene en el horizonte cercano un nuevo nubarrón que amenaza con descargar. Los profesores de estudios no universitarios están pendientes de los juzgados para determinar si los concursos de traslados para el curso que empieza en septiembre son válidos o nulos, lo que deja en el aire el destino de un nutrido grupo de docentes —cientos, según la Xunta; más de un millar, según los sindicatos— que no saben dónde trabajarán en otoño.

 El meollo de la cuestión está en la distinción entre los profesores interinos y los funcionarios de carrera. La Xunta cambió a finales del año pasado el baremo para los concursos de traslados del próximo curso a fin de contar la antigüedad, de forma que se computasen de la misma forma los años trabajados, sin distinguir entre los periodos en que un profesor era interino y los que ejerció ya con plaza en propiedad. Una directiva europea prescribe limitar los agravios comparativos entre una categoría y la otra, pero su alcance no estaba claro y casi todas las comunidades autónomas decidieron esperar antes de modificar los criterios. Solo Galicia se adelantó.

“Ya se sabía que era una cuestión litigiosa, pero se tomó una decisión técnica”, aduce un portavoz de la Consellería de Educación. La controversia había llegado paralelamente al Tribunal Supremo, a instancias de una plataforma de interinos de Extremadura que defendía un argumento similar, frente a un decreto estatal, al que después aplicaría Xunta. El Supremo zanjó la cuestión en pocos párrafos. “La consideración de la antigüedad como mérito exclusivo de los funcionarios está justificada”, dijo en una sentencia de junio que rechaza el recurso y explica que una cosa son los criterios para acceder a la plaza de funcionario o para reclamar sueldos similares, donde sí cabría equiparar ambas categorías, y otra distinta los traslados, donde la antigüedad “en muchas ocasiones ha sido el único a valorar en la provisión de destinos”.

Tras ese fallo, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santiago, adonde llegaron las demandas de los funcionarios gallegos, resolvió en consonancia y mandó anular los concursos. Pero las sentencias fueron a su vez recurridas, esta vez por un colectivo de profesores interinos. Con agosto como mes inhábil, el sector está pendiente de que llegue septiembre y que el Tribunal Superior de Xustiza se pronuncie a su vez sobre cómo se tiene que ejecutar la sentencia, algo que nadie sabe anticipar muy bien.

“Es un caos”, señala Alejandro Portela, responsable de Educación en Ourense de CC OO, que junto al resto de centrales se opuso al baremo de la Xunta. “Hay 3.000 profesores que se supone que toman destino en septiembre y no se sabe si van a tener que abandonarlo ni cuándo”, indica. “La Consellería ha perdido el control de la situación”. Al debate sobre el cómputo de la antigüedad, que enfrenta a funcionarios e interinos, se suma el guirigay que podría suponer obligar a los docentes a cambiar de destino a mitad de curso, tanto por las repercusiones familiares como las que pueden tener para los alumnos. “Hay condicionantes pedagógicos. A los alumnos de Primaria no les viene bien tener que cambiar de profesor cada año. Y en noviembre tiene que haber otro concurso”, señala Portela.

Ni siquiera hay acuerdo sobre el alcance del problema. La Xunta entiende que solo están afectados unos 350 profesores, en torno al 20% de los 1.600 implicados directamente por los fallos judiciales. Pero la plataforma de profesores Non ao Baremo entiende que los perjudicados pueden ser más de 1.000, condicionados a su vez por los destinos que vayan liberando quienes pidieron los traslados.

La Xunta ha optado por tirar hacia adelante y mantener en vigor los traslados, por falta de tiempo para reiniciar el proceso. Sobre las dificultades administrativas que pueda suponer retirar la plaza a alguien que ya haya tomado posesión, se remiten a lo que mande en su momento la resolución judicial. “Habrá que esperar”, emplaza un portavoz de Educación. El conselleiro, Jesús Vázquez, considera “inviable” paralizar el proceso. “No se puede permitir este descontrol en algo tan serio”, opone el portavoz sindical que entiende que lo más probable es que los traslados se anulen una vez finalizado el curso.