El enfrentamiento entre dos alcaldes del PP arruina la vida de una familia

Virginia Álvarez se muerde de rabia e impotencia. Ella y sus dos hermanos (todos han tenido que pasar por el psicólogo) aseguran que los líos y rencillas entre el exalcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio y su sucesora, Carmen María Pérez del Molino, han destrozado la vida de su familia. La familia Álvarez vive en Guadarrama, municipio madrileño de 15.000 habitantes. Y tenían una de las mejores y más céntricas parcelas de la localidad, de unos 9.200 metros cuadrados. Aunque es suya, hoy la utiliza el Ayuntamiento para mercadillos, fiestas y otros menesteres.

Si ellos quieren recuperarla, tiene que reclamarla judicialmente. Es decir, sumar más años de pleitos a los ocho que ya llevan. Cuando disponían de ella, la utilizaban como almacén de materiales de construcción. Pero todo cambió cuando el entonces alcalde, Fernández Rubio, se enamoró del solar. El regidor dibujó sobre la parcela una gran plaza de toros y un supermercado. Iba a ser su gran proyecto como alcalde.

Y puso en marcha su sueño. Habló con el dueño del solar, el ya fallecido Luis Álvarez, y le ofreció un pacto: “Tú te llevas tus materiales al polígono, a unas parcelas municipales, y luego, al lado de la futura plaza de Toros negocias con Supercor para que te monten allí un supermercado”. Esta es la versión de la familia, acogida en gran parte por el juez que ha investigado este asunto y que recientemente ha impuesto a Fernández Rubio una fianza de 9,2 millones de euros.

Tras el verano, tendrá que sentarse en el banquillo por un delito de prevaricación. Es decir, por actuar injustamente y sabiendas con la familia Álvarez, que se ha visto desposeída de su patrimonio. Los Álvarez sí cumplieron su parte del pacto (cedieron el solar), pero nada de los que prometió el exalcalde se ha cumplido.

La familia se querelló contra Fernández Rubio y contra la actual alcaldesa de Guadarrama, como responsable civil subsidiaria del elevado daño patrimonial originado, pero el Juzgado, el número 2 de Villalba, la ha dejado al margen del proceso. Fue ella, cuando se hizo con las riendas del Consistorio, la que desbarató el pacto de su antecesor y desahució de las parcelas del polígono a los Álvarez, pero sin darles la contraprestación prevista por su antecesor.

La pena que pide el fiscal a Fernández Rubio es de 10 años de inhabilitación. Una eventual condena puede suponerle dejar la alcaldía de Las Rozas por un hecho cometido siendo alcalde de Guadarrama (lo fue hasta 2008). El de Fernández Rubio es un claro ejemplo de alcalde itinerante. Hasta hace poco fue presidente del PP de Guadarrama.

Lo que vienen a decir el fiscal y el juez es que se saltó la legalidad cuando, por su cuenta, firmó en 2004 un contrato a nombre de una sociedad municipal que entonces ni existía en el que se comprometía, mediante una permuta, a darle a la familia Álvarez los citados terrenos en el polígono y la opción de negociar la instalación de un supermercado en su céntrico solar. En 2004, este solar tenía un valor de tasación de 1,7 millones. A la familia también le adeuda el Ayuntamiento unos 250.000 euros, los que invirtió en el acondicionamiento de las parcelas del polígono industrial y de las que fueron desahuciados por la nueva alcaldesa Pérez del Molino. Los dos regidores eran del PP.

Pero en las anteriores elecciones, al ver que el PP no la elegía a ella como cabeza de lista, Pérez del Molino creó un nuevo partido y ganó los comicios al PP por solo 17 votos. Y rompió los pactos de su antecesor, porque entendió que eran ilegales. El pleito dura ya ocho años porque el exregidor, durante su mandato, puso unas fechas para el cumplimiento de los acuerdos que tampoco fueron respetados. Y por eso los Álvarez acudieron en 2006 a los tribunales. Años después llegó su sucesora y, no solo no los respetó, sino que desahució a la familia Álvarez de las parcelas del polígono. Pero sin devolverles su céntrico solar.

Tanto sufrimiento generó a la familia este asunto que, incluso entubado y con fallo multiorgánico, estando ya en el hospital, Luis Álvarez quiso declarar contra Fernández Rubio. No le dejó el juez. Tras su muerte, sus tres hijos cogieron el testigo. Están convencidos de que todo este “lío entre los alcaldes, se ha llevado a sus padres por delante, los dos con 68 años”, indica Virginia.

Antes de morir Luis Álvarez en julio de 2010, hizo prometer a su hija Virginia que no dejaría de lado el asunto: “No lo dejes, prométeme que no lo dejarás”. Aurora, su esposa, murió el pasado 6 de enero, de una insuficiencia cardíaca, y también pidió lo mismo a sus hijos. “Recordad a vuestro padre… y no lo dejéis”. “Lo único que queremos es justicia”, añade Virginia Álvarez. “Ya nadie nos va a devolver a nuestros padres, pero vamos a seguir luchando. Mi padre se fue sin ver cumplida su ilusión de que la justicia actuara. Ahora lo está haciendo, pero él se fue con esa pena”, cuenta Virginia.

El Juzgado de Villalba número 2, al que acudió la familia, desesperada, ha empezado a poner las cosas en su sitio. Y ha impuesto al exalcalde Fernández Rubio una de las mayores fianzas contra un político de la reciente historia de España: 9,2 millones de euros. Y si él no paga, tendrá que hacerlo el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario. Requerido por este periódico, Fernández Rubio ha indicado que prefiere no hacer declaraciones. Se basa en que el asunto está sub judice, sostiene.