El fiscal Torres pide más medios contra la corrupción

El fiscal Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres, ve “deseable” más interés de los políticos en atajar los casos de corrupción, lo que traduce en más medios para poder investigar los asuntos, que en los últimos años se han multiplicado. Torres aterrizó hace unos meses como delegado de la Fiscalía Anticorrupción, tras pasar seis años en la sección de Delitos Económicos de Valencia.

“Con muchas ganas de trabajar con el respeto máximo a todas las garantías de las personas investigadas”, Torres mantiene que los políticos “deberían tener” más interés en acabar con la corrupción. “Los medios que tiene la Fiscalía para investigar no son todo lo eficientes que deberían ser”, comenta. “La Fiscalía Anticorrupción en Valencia solo tiene dos delegados, Jesús Carrasco y yo. Fuera de esos medios personales, no contamos con ningún medio material”.

Para trabajar suelen necesitar el auxilio de la Administración o de la Agencia Tributaria. La Fiscalía no tiene posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad o al Mercantil, o a las bases de datos de la Agencia Tributaria. Así, el fiscal “siempre” tiene que ir pidiendo auxilio, “lo que genera un enlentecimiento del proceso de investigación”. A su juicio sería “mucho más rápido y deseable” una mayor interconexión entre el fiscal y estas administraciones. Al respecto, hay un proyecto del fiscal general del Estado para crear unidades de investigación con funcionarios de Hacienda o de la Intervención General adscritos al ministerio público.

Junto a estas medidas, Torres aboga por más mecanismos de control desde el punto de vista político contra la corrupción. “El primer control que debe hacerse”, añade, “es por parte de la propia Administración, que tiene un cuerpo específico, los interventores”. Como funcionarios independientes, indica, tienen la obligación de denunciar en Fiscalía o ante el Tribunal de Cuentas hechos que pueden ser constitutivos de delito. ¿Pero se hace? “Se va haciendo cada vez más”, responde.

El fiscal, que este año se ha tenido que afrontar uno de los casos más complicados de su carrera, el caso Cooperación, que acabó con la condena de ocho personas, entre ellas el exconsejero de Solidaridad y exdiputado del PP Rafael Blasco, dice que debe verse “con normalidad” que se investigue a cargos públicos, porque “es algo propio de estos procedimientos”.