RTVV gastó casi 80 millones con el presupuesto excedido entre 2009 y 2012

Una “espiral de endeudamiento” condujo a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a una situación crítica. Durante años, la empresa pública se encontraba en causa de disolución, “pero se continuaba gastando sin freno, sin miramiento de los fondos públicos, sin preocupación por el futuro de la empresa y de sus trabajadores, y fundamentalmente del servicio público”. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida del País Valencià aportó este miércoles datos concretos para apoyar esa descripción de la trayectoria que hundió la cadena autonómica, cerrada a finales de 2013 por decisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y actualmente en fase de liquidación societaria.

Cerca de 80 millones de euros gastó RTVV entre los años 2009 y 2012 mediante autorizaciones de solicitudes con el “presupuesto excedido”. La mayor parte de ese dinero se destinó a pagar producciones externas de ficción, aunque también hay gastos para recibos de luz o servicios de seguridad y fue una práctica que afectó a áreas tan distintas como la subdirección de producción y medios técnicos, el departamento comercial o el de coordinación económica, pasando por los servicios jurídicos o la propia dirección general. Blanco dio a conocer ayer en las Cortes Valencianas la documentación que ha recibido del consejo de liquidación de RTVV en una respuesta a su solicititud parlamentaria y señaló que su grupo pedirá datos de ejercicios anteriores.

“Esto revela cómo se ha actuado políticamente por parte de directivos nombrados, protegidos y teledirigidos por el Consell del PP, para arruinar y saquear RTVV”, señaló Blanco, que pidió “todas las solicitudes de gasto tramitadas con indicación de presupuesto excedido” y preguntó cuáles fueron aprobadas. El parlamentario ha recibido copia de más de 1.200 solicitudes aprobadas por el director general y los directores de Canal 9. En el ejercicio de 2009 esas autorizaciones sin consignación presupuestaria sumaron cerca de 37 millones de euros. En ese ejercicio fue director general hasta agosto Pedro García, imputado en el caso Gürtel por el fraude en la instalación de pantallas para la visita del Papa, y lo sustituyó José López Jaraba. En 2010 la cifra alcanzó los 14,7 millones; en 2011 fueron 17,9 millones y en 2012 un total de 9,6 millones. En conjunto todos esos gastos fuera de presupuesto suman 79,2 millones en cuatro años.

El diputado de Esquerra Unida destacó que en 2013, cuando fue sustituido López Jaraba en la dirección general por Alejandro Reig y este último en abril lo fue por Rosa Vidal, la cifra de gastos extrapresupuestarios se redujo a 156.280 euros. Sin poner en duda la legitimidad de la deuda que se pagaba, aunque sí el procedimiento, Blanco comentó que, por ejemplo, de esos 79,2 millones, 5,5 millones fueron para pagar la serie L’alqueria blanca; más de dos millones para el programa Buscando a Nino Bravo, tres millones para un capítulo y seis millones para otro de la serie Bon dia, bonica, y 1,3 millones para Senyor rector.

Como “una práctica de mala gestión” definió el diputado de Esquerra Unida lo que revela la documentación aportada y anunció que su grupo tiene intención de aportarla en las causas judiciales abiertas sobre la gestión de RTVV. Blanco explicó que la iniciativa de su coalición ha estado coordinada con el sindicato CGT, que tiene presentada una denuncia en el Tribunal de Cuentas. También sugirió que puede aportar la información a la investigación que lleva a cabo un juzgado de Paterna tras sendas denuncias presentadas por Compromís y por Comisiones Obreras.

Blanco recordó que la Sindicatura de Comptes ha venido reiterando la advertencia a RTVV de que se atuviera al presupuesto y señaló que "la espiral de endeudamiento" condujo a la empresa pública a una situación que acabó sirviendo al PP para justificar su cierre. El uso indiscriminado de las autorizaciones de gasto fuera de presupuesto, según el diputado, puede haber dado lugar a delitos societarios, de prevaricación o de administración desleal. “La relevancia penal que pueda tener”, puntualizó, “la tendrán que determinar los jueces”.