El PP baraja cambiar la ley electoral para crear 43 circunscripciones
La oposición anuncia que, de hacerlo, presentará un recurso ante el Constitucional
El Partido Popular estudia presentar un proyecto de ley en septiembre para cambiar la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid tras el rechazo de PSOE, IU y UPyD a su propuesta de elegir a un tercio de los diputados regionales mediante 43 circunscripciones. El momento que elegiría para hacerlo podría coincidir con el Debate del Estado de la Región, que se celebra a principios de septiembre.
Este sistema electoral, conocido como modelo alemán, requiere la modificación del Estatuto de Autonomía y, por tanto, del respaldo de dos tercios de la Cámara (86 de los 129 parlamentarios actuales). Por eso, si el PP no puede modificar el Estatuto en solitario (tiene 72 escaños), sí podría cambiar la Ley Electoral, ya que en este caso solo le haría falta la mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados).
Limitar los escaños
La comisión de estudio de la posible reforma de la Ley Electoral recomienda la conveniencia de “limitar el número máximo” de diputados de la Asamblea. La Cámara regional se compone de un diputado por cada 50.000 habitantes. PSOE e IU recelan del interés del PP en rebajar los diputados del Parlamento autónomo, una readaptación de una iniciativa de UPyD de la que Esperanza Aguirre primero e Ignacio González después han intentado apropiarse manteniendo incluso su cifra ideal de escaños en 65. Mientras IU siempre se ha mostrado en contra, manteniendo fija su posición, un sector del PSOE sí es favorable a dejar en 99 o 101 los parlamentarios.
Otro asunto espinoso que separa al PP del resto de formaciones es el mantenimiento de la barrera electoral del 5%, que actualmente existe en todas las comunidades autónomas uniprovinciales a excepción de Navarra, frente a la propuesta de dejarla en el 3% de los votos.
Sobre el desbloqueo de las listas electorales o las listas abiertas, la comisión de estudio no parece partidaria de abrirlas. “Introduciría una mayor complejidad en el voto y el escrutinio, factores que generarían inseguridad y restarían agilidad”, indica el texto. “Asimismo, por el desconocimiento general por parte del electorado de la mayoría de los integrantes de cada candidatura electoral, se propiciaría el castigo electoral solo a los más conocidos en beneficio de los restantes”. A su entender, las listas abiertas y desbloqueadas podrían generar “una insana competencia interna” dentro de las formaciones políticas, y solo sería posible en un modelo donde se eligiera “un número reducido de candidatos que favoreciera su conocimiento” por los electores.
La comisión también recomienda regular en la Ley Electoral la celebración obligatoria de debates electorales.
La postura del PP recibió fuertes críticas de la oposición, en especial del PSOE y de IU, que amenazaron con presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional en el caso de que los populares intenten de forma unilateral modificar la Ley Electoral.
La oposición considera que se trata de un tema especialmente complejo como para aprobarlo antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. Prefieren aparcarlo a la siguiente legislatura aunque entienden que el sistema actual respeta la proporcionalidad.
“Hemos rebajado muchas de nuestras pretensiones manteniendo el núcleo esencial de nuestras propuestas, entre las que están que se elija de forma directa a una parte de los diputados. Además, defendemos la limitación de número de diputados, no tiene sentido que seamos 129”, indicó el portavoz del PP en el Parlamento regional, Íñigo Henríquez de Luna.
De esta forma, en vez de hablar abiertamente de circunscripciones o distritos uninominales como ha venido haciendo el último año y medio, el dictamen aprobado ayer por el PP en solitario —la semana que viene lo aprobará el pleno de la Cámara— defiende “facilitar la proximidad y cercanía entre representantes y representados, como ocurre en los sistemas de representación proporcional personalizada, que permiten la elección directa por los ciudadanos de una parte de los diputados de la Cámara”. “Hemos hecho un documento muy genérico para que todos los grupos se encontrasen cómodos”, apreció Henríquez de Luna, molesto porque “algunos grupos políticos” quisieran “blindar” el modelo electoral vigente hasta pasadas las elecciones del año que viene. “No lo descartamos, pero no es una decisión que hemos tomado todavía”, dijo sobre la posibilidad de presentar una propuesta electoral después del parón institucional de agosto. La comisión de estudio de la normativa electoral aconseja que para afrontar la reforma electoral “se busque el mayor acuerdo parlamentario, político y social posible, con el objetivo de conseguir articular un modelo electoral que tenga vocación de continuidad en el tiempo”.
“Lo que ha hecho el Partido Popular es una tremenda contradicción respecto al marco de acuerdo que nos había trasladado su portavoz en la Asamblea, con el reconocimiento de la necesidad legal de modificación del Estatuto de Autonomía y, por tanto, del apoyo de dos tercios de la Cámara. Sin embargo, han impuesto desde el Gobierno un cambio en el dictamen, por lo que pretenden llevar adelante el pucherazo institucional en la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones de 2015”, reprochó la número dos de los socialistas madrileños, Maru Menéndez.
Al igual que dentro del PSOE hay partidarios de las circunscripciones y la reducción del número de diputados es vista con buenos ojos por un grupo más amplio, los socialistas lamentan la “falta de cintura” del PP por su negativa de rebajar la barrera electoral del 5% al 3% de los votos para que un partido tenga representación en la Asamblea de Madrid. En Génova son reacios porque entienden que facilitaría la entrada de partidos como Equo y que aliviaría aún más el acceso a formaciones de nuevo cuño como Podemos. El partido de Pablo Iglesias arrasó en los comicios europeos del pasado mayo, en los que fue el tercero más votado en Madrid, por delante de IU y UPyD.
Al igual que Menéndez, la portavoz adjunta de Izquierda Unida, Eulalia Vaquero, también expresó que su formación acudirá al Constitucional si el Gobierno regional no renuncia al modelo con circunscripciones. “El Grupo Parlamentario Popular ha intentado llegar a un acuerdo con la oposición, dejando la decisión para la siguiente legislatura ya que era necesario reformar el Estatuto de Autonomía, pero al final han vuelto a la propuesta con la que pretenden blindarse”, afirmó.
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, también planteó “objeciones” al dictamen de la comisión de estudio sobre la posible reforma electoral. El partido magenta entiende que, antes de reformar la Ley Electoral regional, se debería modificar la normativa nacional “para hacer una ley justa que hoy no existe”. Tanto IU como UPyD se quejan de que la actual Ley Electoral estatal beneficia a los dos partidos mayoritarios y a los nacionalistas en detrimento de sus votantes.
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