Las cundas campan sin ley

Bastan minutos en la glorieta de Embajadores, en pleno centro de la capital, para ver el trasiego continuo de toxicómanos y de cundas que salen para el poblado chabolista de Cañada Real para comprar una papelina. El ir y venir es continuo a cualquier hora del día, pero especialmente por la tarde, cuando se incrementa la actividad. Los vecinos y los comerciantes se han quejado del abandono y de la falta de medidas para atajar un problema que se perpetúa desde hace años.

La escena se repite a diario. Los toxicómanos salen del metro. Desaliñados, delgados hasta el extremo, mostrando cierto nerviosismo y, descuidadamente vestidos. Se quedan de pie mirando de un lado para otro. Esperan impacientes a que llegue alguien que les lleve hasta un coche. Puede estar en la propia calle de Embajadores. Otras veces tienen que caminar un trecho para eludir la presencia policial. Vías como Ercilla, Moratines o Martín de Vargas son lugares predilectos para intentar pasar desapercibidos. Pero los vecinos los tienen ya muy controlados.

El trayecto hasta la Cañada Real cuesta cinco euros y dura unos 20 minutos

Cinco euros. Ese el precio que cuesta desplazarse desde el centro de la ciudad y adentrarse en el submundo marginal de la droga, en un lugar degradado, lleno de suciedad, de pobreza y de papelinas. Un trayecto de unos 17 kilómetros en el que se tarda unos 20 minutos.

Uno de los más afectados por estas cundas es Juan Carlos Martín, dueño del bar que hay justo en la esquina de la calle de Embajadores. “Esto es la ruina de un negocio. ¿Cómo se va a sentar alguien en la terraza del bar, cuando está lleno de toxicómanos y que se ponen incluso a orinar en medio de la plaza?”, protestaba este empresario que ha visto mermada su facturación “de forma muy importante”. “Este año por ejemplo no vamos a contratar a nadie para el verano. Con los cuatro que somos nos basta. Es más, estoy por no pagar al Ayuntamiento la tasa de la terraza, que supone 1.200 euros y que no gano ni de broma”, mantiene.

Martín tiene calculado hasta el trasiego de drogadictos que pasan por la plaza cada día. Según el día, puede haber unas 200 personas al día, como mínimo. Y en fin de semana, el tráfico sube. “Si cada uno paga cinco euros, debemos pensar que es un negocio muy rentable, sobre todo, por un trayecto tan corto”, se queja este empresario. Y desde luego, rentable debe ser porque muchos de los coches son nuevos, según se ve en las matrículas. En algunos casos no tienen ni un año. Lejos han quedado las destartaladas tartanas que eran un auténtico peligro para la circulación. “Lo que no sé es como el propio Ayuntamiento no pone un autobús directo a la Cañada Real y gana él ese dinero. Sería una de las líneas más rentables”, afirma con ironía Martín. Este calcula que habrá una veintena de coches.

Ahora no hay ninguna norma que permita impedir esta actividad

La solución al problema no parece nada fácil, al menos con la legislación actual. El transporte de personas con destino al mercado de la droga no está tipificado ni como delito ni como falta. Legalmente no se puede hacer nada, pese a las molestias que genera ese vaivén para los vecinos. Este fenómeno no es privativo de Madrid. También se da en otros dos puntos de la geografía española: Barcelona y las islas Baleares.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció en noviembre de 2012 que se había dado un gran golpe a los llamados taxis de la droga con la detención de 21 personas y la incautación de 23 vehículos. Se les acusó de asociación ilícita, de tráfico de drogas y un delito contra la Seguridad Social. De poco sirvieron los meses y meses de investigación y de grabaciones policiales. Quedaron libres y pudieron ejercer de nuevo su actividad.

Cifuentes asegura que es una de las prioridades de su departamento y que lo conoce de cerca, ya que ha ido al lugar para comprobar su alcance y las molestias que generan. Ella fue la que pidió que se incluyera por parte del Ministerio del Interior un artículo en la futura Ley de Seguridad Ciudadana que permita el decomiso de los coches. ¿Cuándo saldrá esa ley y se podrá aplicar? Eso ya es materia parlamentaria y los trámites pueden ser largos.

Desde la Delegación del Gobierno recuerdan también que los toxicómanos son enfermos y que la respuesta no debe ser exclusivamente policial.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía mantienen una versión distinta de los vecinos y comerciantes. Aseguran que la incidencia de estas cundas es mucho menor que tiempo atrás y que su presencia no es tan inquietante. Rebajan el número de coches a cinco o seis taxis. “Estamos ahí, les molestamos para que sepan que no pueden campar a sus anchas. Pero aparte de pedirles la documentación y comprobar si tienen alguna reclamación judicial y cachearles, poco más podemos hacer”, aseguran estas fuentes policiales. “Van ya con el dinero, la consumen en la Cañada y no traen nada de droga cuando vuelven”, añaden.

En la operación de control de las cundas también participa la Policía Municipal de Madrid. De forma conjunta hacen controles en especial de los vehículos. Les piden la documentación y les hacen controles de alcoholemia a los conductores. “Si vemos que tienen síntomas y que dan negativo, les llevamos al hospital Gregorio Marañón para hacerles una analítica de sangre y ver si han consumido drogas”, explica un mando de Arganzuela. El problema es que para imputarle un delito tienen que demostrar que lo ha consumido en las últimas horas y que puede afectarle para conducir. El mando también mantiene que las cundas han bajado, frente a la opinión vecinal.

Mientras, el deambular de drogadictos continúa y los conductores se los rifan para subirlos a sus coches. “Son tan precavidos que hasta le ponen el tique de la hora”, concluye un policía.