Puig pide a la fiscalía que tome medidas contra el alcalde de Cullera

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha calificado de "esperpéntico" el incendio del pasado fin de semana en Cullera y ha pedido a la Fiscalía de Medio Ambiente y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que adopten medidas respecto al alcalde, Ernesto Sanjuán, cuya responsabilidad "va más allá de lo administrativo", ha dicho.

"Lo sucedido fue una irresponsabilidad manifiesta del alcalde, y está siendo también por parte del presidente de la Generalitat, que le encubre y es incapaz de tomar ninguna decisión. Se incumplió el requerimiento de los bomberos y de la Generalitat -al disparar un castillo de fuegos artificiales que provocó el incendio-, y no es necesario un expediente que se demore semanas", ha añadido.

Puig ha realizado estas declaraciones en la sede del partido tras reunirse con la presidenta del PSPV en las Cortes, Ana Barceló, el portavoz de Medio Ambiente, Francesc Signes, el secretario de Agricultura y Agua, Francisco Rodríguez Mulero, y otros responsables provinciales en materia de Medio Ambiente, para estudiar los incendios de Torrent y Cullera de la semana pasada.

El secretario general del PSPV-PSOE ha propuesto hoy que se invierta el superávit de las diputaciones provinciales en programas de prevención de incendios forestales y que se activen de nuevo los planes de actuación para la mejora del empleo rural (Pamer).

A su juicio, la situación requiere medidas excepcionales por parte de la Administración autonómica, las Diputaciones, los Ayuntamientos y también el Gobierno central, al que los socialistas reclamarán la aprobación de un plan extraordinario de prevención. "Pedimos al Gobierno que prepare un decreto para el día antes de los incendios, no para el día después", ha dicho Puig.

"Son propuestas serias [las que propone el PSPV] frente a la inacción de la Generalitat", ha proseguido el dirigente socialista,"y un presidente de la Generalitat que es incapaz de aplicar ninguna disciplina". "Los últimos incendios en zonas urbanas pueden ser el prólogo de una situación de inseguridad en zonas pobladas", ha dicho.

Seis meses para instruir el expediente sancionador

El plazo máximo para resolver el expediente sancionador que el Gobierno valenciano ha anunciado por el disparo de un castillo de fuegos artificiales en el monte de Cullera (Valencia) que causó un fuego pese a estar en alerta máxima por riesgos de incendios forestales es de seis meses.

Así lo ha afirmado hoy el vicepresidente del Consell, José Ciscar, quien ha destacado en los pasillos de las Cortes que, "obviamente", el expediente se puede cerrar en menos tiempo, y ha reivindicado que el Ejecutivo valenciano ha actuado de la misma manera en otras situaciones similares.

Ciscar ha señalado que cuando se producen estos hechos se abre un expediente, que sigue "todos sus trámites con todas las garantías para las personas afectadas por el mismo, y a la vista de las alegaciones y de las pruebas que se puedan practicar" al final se dicta una resolución y se aplica.

El vicepresidente ha manifestado que así se ha hecho "en otros Ayuntamientos de todos los colores políticos", y ha pedido que no se anticipe el resultado del expediente sancionador. Respecto a si se van a adoptar decisiones políticas, el vicepresidente ha indicado que no se va a pronunciar "sobre culpabilidades o no culpabilidades mientras no se instruya el expediente".

Por su parte, la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, ha considerado que la sanción que se podría imponer en este expediente "estaría tipificado dentro de las faltas muy graves". Ha destacado que primero hay que "saber y depurar las responsabilidades" y ha defendido que la consejería "ha hecho lo que tenía que hacer, que es iniciar el expediente sancionador".

La presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha insistido en que al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), "no puede continuar" al frente del Consistorio, por no haberle dado importancia al fuego producido y porque tiene la responsabilidad última sobre la seguridad de su ciudad. Barceló ha recordado que los socialistas reclaman la comparecencia del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, y que su grupo en Cullera estudia denunciar al alcalde.

El portavoz adjunto de Compromís en las Cortes, Juan Ponce, ha calificado de inaceptables las excusas dadas por el alcalde. "Es vergonzoso que el señor Sanjuán diga ahora que había parado el viento y por eso autorizó el castillo de fuegos artificiales y le quite importancia al incendio diciendo que sólo se han quemado matorrales", ha añadido.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida, Lluís Torró, ha pedido que la Generalitat exija al Ayuntamiento de Cullera que abra un expediente de responsabilidad patrimonial "y que este finalmente repercuta directamente en el alcalde y no en el pueblo de Cullera". "Es Ernesto Sanjuán quien tiene que asumir la responsabilidad del incendio de la noche del sábado, porque es quien hizo caso omiso al nivel de preemergencia decretado por la Generalitat e incluso al aviso de los propios bomberos", ha afirmado.

Municipios sin planes de emergencia

La Plataforma Forestal Valenciana también ha exigido el cese "inmediato" de los responsables del incendio forestal . "En muchos casos resulta difícil saber quién es el autor del incendio, pero en el caso de Cullera resulta fácil puesto que es un acto organizado por la Administración", ha manifestado la plataforma, que ha anunciado que estudia la adopción de medidas por incendios en interfase urbana-forestal como los de Cullera o Torrent.

Asimismo, la plataforma ha solicitado al Gobierno valenciano que inicie, "con carácter urgente", una campaña informativa para los municipios ante el riesgo "extremo" de incendios forestales que se prevé para la campaña de 2014, especialmente en las áreas de interfase urbana forestal, es decir, donde las casas y las masas forestales están en contacto.

La Plataforma Forestal Valenciana ha advertido de que, "desgraciadamente, muchos municipios valencianos están incumpliendo la normativa autonómica" que obliga a los Consistorios a redactar y poner en práctica su propio plano local de emergencias.

Esta norma entró en vigor en 2010 y daba tres años a los municipios para redactar sus planes. Sin embargo, "en la actualidad muy pocos municipios tienen este plan redactado y mucho menos todavía lo tienen operativo", ha asegurado.