La Comunidad debe 92 millones en ayudas a la rehabilitación de casas

La Comunidad de Madrid debe 92 millones de euros a unas 38.000 familias a las que animó a rehabilitar sus viviendas con la garantía de subvencionar los trabajos de mejora. Aunque todavía se deben partidas de hace más de 10 años, la mayoría quedaron en suspenso tras el estallido de la crisis en 2008. Con el agravante de que los jubilados son legión en el perfil sociológico de los afectados. Independientemente de su edad, suelen tener en común su escasa renta, poca solvencia económica y, en caso de trabajar, una gran inestabilidad laboral. Entretanto, el Gobierno regional ha aprobado una partida de 16 millones para el pago de ayudas a partir de la próxima semana a la instalación de ascensores en edificios rehabilitados. En concreto, permitirá financiar parte del coste de la instalación de 1.108 ascensores a 20.000 familias, cuya deuda quedará pagada esta primavera.

Los planes de rehabilitación, puestos en marcha desde el año 2001 en adelante, planteaban incentivos y subvenciones que podían llegar al 60% y procedían de aportaciones del Estado y las comunidades autónomas. “Tenían la promesa de que el 60% de la financiación la iban a recibir a coste perdido de las Administraciones, con apoyos específicos tanto de la Administración central como de la autonómica, y pasan los años y las siguen esperando”, critica Antonio Fernández Gordillo, diputado regional del PSOE. Mientras, el Ministerio de Fomento exige a la Comunidad que le justifique esos 92 millones pendientes, que el Estado transfirió al Ejecutivo autonómico para que los traspasara a su vez a las personas que habían adelantado el montante correspondiente a las inversiones para mejorar sus hogares.

La cifra de viviendas que cumplían los requisitos para ser rehabilitadas siempre ha superado el número de las residencias finalmente arregladas. Así, entre 2001 y 2004 entraron en el plan 34.000 viviendas, de las que se mejoró a 25.000. En el periodo de 2005 a 2008 se declararon 66.000 viviendas en rehabilitación integral, una cifra nada ajustada a la realidad, porque finalmente solo se planteó la rehabilitación en 30.000 de ellas. En el último plan de rehabilitación (2008-2012) se declararon 6.788 viviendas en rehabilitación. Sus propietarios continúan esperando. “¿Quién actuó? Los vecinos, anticipando la financiación, endeudándose, volviendo a hipotecar sus casas para sacar adelante las políticas de rehabilitación que las Administraciones prometían con ese 60% a fondo perdido”, recalca Mariano Monjas, presidente de la Asociación de Vecinos los Pinos de San Agustín, en la capital.

La oposición en la Asamblea de Madrid denuncia que, lejos de hacer efectivas todas las subvenciones por abonar, el Gobierno regional ha pretendido aplicar con carácter retroactivo la Ley estatal 4/2012, con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso coto a las ayudas en julio de 2012. La Comunidad lo niega y asegura que la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda trabaja con la de Economía y Hacienda para habilitar más partidas “lo antes posible” para continuar pagando las ayudas a la rehabilitación pendientes.

Frente a la postura de la Comunidad, Gordillo insiste en que está aplicando de forma retroactiva a expedientes calificados definitiva y provisionalmente mucho antes de la legislación nacional del 9 de julio de 2012. “Se han archivado más de 5.000 casos en el último año de las colonias que empezaron la rehabilitación en 2001, como las de San Agustín, Sandi, Santa Eugenia, Fontarrón, Los Álamos, Pedro Vives, Nuestra Señora de Lourdes y San Ignacio de Loyola, en Madrid. Y de barrios como el del Naranjo, en Fuenlabrada; la colonia Gran Capitán o Puerta Madrid, en Alcalá de Henares; el barrio de San José, en Torrejón, o parte del casco histórico de Aranjuez”, mantiene el diputado socialista.

“Estamos ante una estafa, lo que se suponía que iba a ser una ayuda ha convertido muchísimas vidas en una pesadilla”, señala Mariano Monjas. El número de afectados de la Asociación de Vecinos los Pinos de San Agustín es de unos 700, a los que se deben unos 8.000 euros de media. “La Comunidad no solo motivó a miles de familias a que entraran en el programa de subvenciones, sino que los incentivó para que participaran en los planes de rehabilitación”, interviene María Isabel Moreno, parlamentaria autonómica de Izquierda Unida. La diputada recuerda que el Gobierno regional puso a disposición de los interesados un autobús que circuló por toda la región y que, incluso, se abrieron oficinas para asesorar y ayudar en la rehabilitación, cerradas desde hace un par de años. “Los afectados creyeron, una vez que su vivienda reunía todos los requisitos, que si la Administración comprometía su parte, lo hacía de forma firme. En ningún momento pensaron lo contrario”, apostilla Moreno.

En muchos casos, la instalación de ascensores iba incluida en el proyecto de rehabilitación. En 2007 la Comunidad planteó que los ascensores tuvieran una línea propia de ayudas, estableciendo una cuantía de 50.000 euros por aparato. El tiempo pasa y 27.500 viviendas aguardan esta línea de ayudas. En concreto, del periodo 2001- 2004 hay unas 7.500 residencias pendientes del cobro de las subvenciones. El número se incrementa en otras 13.000 residencias en 2005-2008, por 7.000 en el periodo 2009-2012. El Ejecutivo regional se compromete “a pagar todas las subvenciones”, sin concretar fechas, y sostiene que los 16 millones habilitados a partir de la semana que viene se suman a los 62,4 que ya han sido abonados por la Comunidad de Madrid por ayudas concedidas entre 2007 y 2012 dentro del plan de ayudas, que ha permitido la instalación de 1.350 ascensores en la región.

“La Comunidad de Madrid ha incitado a miles de ciudadanos a solicitar las ayudas, y es quien ha decidido dejar de abonárselas y la causante de este desaguisado”, concluye Loreto Ruiz de Alda, parlamentaria de UPyD.