La edil de Urbanismo de Ourense pone el ventilador y denuncia al PP

La guerra judicial abierta en el Ayuntamiento de Ourense ya salpica a todos. Un día después de que el grupo municipal del PP —controlado ahora por el baltarismo— denunciase al alcalde por endosar al Plan E la urbanización de su casa, la edil de Urbanismo ha denunciado a la junta de gobierno de 2006 por un contrato urgente y sin publicidad con la empresa del líder de Democracia Ourensana (DO) aprobado por los conservadores. Aurea Soto, que está imputada o denunciada en seis causas, acusa a nueve concejales populares de prevaricación y a Gonzalo Jácome, edil y líder de DO, de ser “inductor o cooperador necesario”. En la querella, Soto no aclara si la presenta como concejala del gobierno de Agustín Fernández.

“Si quieren que abramos los cajones, nosotros también sabemos hacerlo”, espetó ayer la denunciante. Soto pretende matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, defenderse de la incesante oleada de imputaciones judiciales que acorralan a su gobierno. Por otro, demostrar connivencia entre PP y DO. Entre sus denuncias políticas más recurrentes destaca una en la que relaciona política y económicamente a estos dos grupos. Pero los concejales denunciados vestían distinto traje político. Aquel PP y aquella junta de gobierno estaban controlados por el exalcalde Manuel Cabezas, abiertamente enfrentado con los baltaristas. De hecho, la guerra entre ambas familias conservadoras fue uno de los desencadenantes que fraguó la llegada al poder del bipartito entre socialistas y nacionalistas.

Solo dos de los populares denunciados permanecen en activo. El exconcejal y ahora diputado autonómico Enrique Nóvoa Poly, y el edil Aurelio Gómez Villar, que entró a la actual corporación tras el fallecimiento de otro concejal. “Estoy bastante seguro de que fue acorde con la ley”, explicó Gómez Villar ayer. “Durante 12 años nunca pasé por el juzgado mientras que la edil que denuncia ya lleva el récord de imputaciones”, añadió.

El líder de DO, Gonzalo Jácome, asegura que “esta señora no está en sus cabales” y esgrime que no pudo prevaricar porque entonces no era cargo público. También explica que Soto “hace la denuncia a título particular porque el gobierno local no quiere participar, ya que al denunciar esto reconocen la ilegalidad destapada en la calle Bedoya”. La demanda explica que la sonorización de las calles de un centro comercial abierto fue contratada a dedo por 61.000 euros a la empresa de Jácome “inexistiendo por completo procedimiento administrativo”. Ni siquiera había factura: “La factura que se acordaba aprobar resulta ser de fecha posterior a la junta de gobierno”. Además, aquella adjudicación tendría que haberse formalizado mediante concurso abierto o un negociado con publicidad, añade la querella.