Una resolución judicial complica todavía más la venta de la Ciudad de la Luz

La Generalitat ha intentado sin éxito ejecutar una sentencia para desalojar de la Ciudad de la Luz, en Alicante, a la empresa adjudicataria de la gestión del complejo cinematográfico, con la que rompió relaciones en 2010. Esa resolución judicial complica todavía más el proceso de venta al que se ven abocados los estudios como consecuencia de una decisión de la Comisión Europea que declaró las inversiones públicas realizadas en ellos una “ayuda de Estado” que vulnera la libre competencia.

Mediante un auto fechado el 19 de febrero y notificado el pasado día 4 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante decidió no admitir a trámite la demanda de ejecución de la sentencia que en 2013 dio parcialmente la razón a Ciudad de la Luz en el pleito que mantenía con Aguamarga Gestión de Estudios, SL, desde que en 2010 la Generalitat decidió rescindir el contrato con la adjudicataria.

Aquella sentencia declaró resuelto el contrato y condenó a Aguamarga a pagar 1,2 millones de euros más intereses, pero el titular del juzgado alicantino considera que aquel fallo no declaró explícitamente conciliable el pronunciamiento declarativo (de resolución del contrato) y el de condena, por lo que concluye que está limitada su jurisdicción, dado que la sentencia está recurrida.

La socialista Eva Martínez preguntará por la repercusión de la medida

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Eva Martínez mostró ayer su sorpresa por la inadmisión y anunció que planteará preguntas en el pleno de la Cámara y también en comisión a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, para aclarar “en qué repercute sobre el proceso de venta del complejo y qué piensa hacer la Generalitat”.

“Será más difícil, sin duda, vender Ciudad de la Luz si tiene un ocupante”, señaló Martínez, que puso en duda la “pericia” de los abogados del despacho contratado por la empresa pública para llevar el caso. Según la diputada socialista, la resolución definitiva del recurso emprendido por Aguamarga puede tardar cuatro cinco años, lo que entorpecerá el futuro del complejo cinematográfico.

Según la resolución de la Comisión Europea, adoptada en respuesta a una denuncia de los estudios Pînewood, de Londres, la Generalitat ha de “desinvertir” los 265 millones que ha destinado al complejo de la Ciudad de la Luz, que se consideran ayudas públicas improcedentes. Aunque el Consell todavía mantiene esperanzas de que su recurso sea atendido, la decisión implica la venta de las instalaciones, uno de los grandes proyectos que promovió el PP en sus tiempos de máxima euforia.

El mantenimiento de Ciudad de la Luz, como ha denunciado la diputada socialista, cuesta al erario público cerca de ocho millones de euros al año pese a que ya no esté en funcionamiento. Por eso, Eva Martínez aseguró que la no ejecución de la sentencia para desalojar a la empresa Aguamarga del recinto es “otra patata caliente, otro problema que el Consell no sabe cómo resolver”.