El alcalde de San Fernando, contra una empresa municipal

La remodelación de la emblemática plaza de España de San Fernando de Henares, declarada Bien de Interés Cultural, se ha convertido en un culebrón de final complicado de predecir. Al sobrecoste de la obra (de 57 millones iniciales a 94) se ha unido un escrito que el alcalde, Ángel Moreno (IU), presentó en la Fiscalía General del Estado a finales del año pasado en el que se detallan irregularidades en la gestión de la sociedad Plaza de España de San Fernando, creada para realizar las obras en 2008. La sociedad (49% de aportación municipal y el resto de los vecinos) está en concurso de acreedores.

El informe sostiene que muchas de las actuaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2011 por la sociedad “tienen toda la apariencia de constituir ilícitos penales”. La Fiscalía ha enviado el documento al Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada, que ya investigaba la existencia de otras posibles irregularidades, entre ellas, la aportación de la propia plaza de España como capital a la sociedad.

El PP pide que se aclare la situación y que los vecinos vuelvan a sus casas

El Ayuntamiento considera que ha existido “una acción por parte de los gestores de la sociedad en la búsqueda del lucro personal”. Esto ha provocado un quebranto de los intereses de la empresa, de los vecinos que confiaron en que el Ayuntamiento avalaba la operación, y del propio Consistorio. El acuerdo consistía en que los vecinos daban sus casas, firmando un convenio de expropiación con el municipio, quien aportaba sus aprovechamientos. El Ayuntamiento devolvería a los ciudadanos sus viviendas y se hacía cargo de su alojamiento mientras duraran las obras. Eusebio González, portavoz del PP, en la oposición, pide saber dónde se han gastado cada uno de los euros empleados, que se depuren todas las responsabilidades y encontrar una solución para que los vecinos vuelvan a sus casas.

Fuentes municipales explican que quien se habría lucrado sería la empresa Woodman, a la que la sociedad Plaza de España encargó la gestión de las obras por cuatro millones, casi el doble de lo previsto inicialmente. También carga las tintas en la secretaria del consejo de administración, Carmen Criado, asesora jurídica de alcaldía. El consejero delegado de Plaza de España era el concejal de política territorial, Joaquín Martínez.

Moreno llegó a la alcaldía de San Fernando en marzo del año pasado, tras la dimisión del anterior regidor Julio Setien. Hasta ese momento era edil de Hacienda. Cuando tomó posesión como alcalde se convirtió en presidente de la sociedad Plaza de España. Al pedir información sobre la empresa, se topó con la oposición de la secretaria del consejo de administración, hasta el punto que “tuvo que forzar las cerraduras de su despacho”, dice el informe.

Fuentes municipales indican que el Ayuntamiento no puso coto a la situación debido a que la empresa funcionaba como un organismo privado, sin intervención por parte del Consistorio. A pesar de que la presidía el alcalde y el consejero delegado era un concejal.

La sociedad Plaza de España presentaba deficiencias importantes desde su creación, según la investigación. La empresa Woodman incumplió “todas sus obligaciones”, lo que “determinó la inviabilidad del proyecto”. Solo el primer año existía un “déficit directo de tesorería de 21,12 millones”. Que dieron la cara en mayo de 2011, cuando se consumió el préstamo promotor.

Tampoco existía un plan de tesorería, de tal forma que se produjo una “absoluta falta de correlación entre los ingresos y los gastos” y se acometieron operaciones sin estar contempladas en el proyecto y sin estudios financieros solventes.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha detectado modificaciones de los convenios de expropiación que beneficiaron a algunos vecinos. Algo que “sugiere la existencia de informaciones previas y tratamientos privilegiados”. El informe detalla también que se encargan obras a empresas vinculadas a Woodman, como la adecuación de unos locales por 1,45 millones o el contrato para arreglar los sótanos de la empresa Plaza de España, que nunca se llevó a cabo. El Ayuntamiento no se olvida de Bankia, la entidad bancaria que concedió el préstamo inicial “sin un examen riguroso de su viabilidad”, dicen.