El PSPV exige al PP que mantenga la reforma del Estatut si quiere pactar

Ocurrió este miércoles en las Cortes Valencianas algo poco habitual en cualquier Parlamento. El Gobierno autonómico que preside Alberto Fabra, a sabiendas de que ocurriría, vio rechazado un proyecto de ley de reforma de un organismo estatutario, para la que se exigía una mayoría cualificada de tres quintos de los diputados que no consiguió. La oposición evitó con ello el recorte del número de miembros del Consell Jurídic Consultiu y lo celebró como una derrota del grupo mayoritario, —“la primera”, dijo Ignacio Blanco, de Esquerra Unida—, que anuncia “que el PP se está acabando”, en palabras de la diputada de Compromís Mònica Oltra.

En la misma sesión, los populares decidieron retirar del Congreso una proposición de reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) que aprobaron en 2007 para presionar al socialista José Luis Rodríguez Zapatero con la “equidad” de las inversiones del Gobierno y que ahora, con Mariano Rajoy, “está vacía de contenido”, en palabras del portavoz popular, Jorge Bellver, porque “la solidaridad y la equidad están garantizadas”.

Un precedente que el PSPV aprovechó para anunciar que bloquea la negociación con el PP para renovar a José Cholbi como Síndic de Greuges, lo que implica a su vez el freno de la negociación para cubrir tres plazas del Consell Valencià de Cultura y una del Consell Jurídic Consultiu (CJC), mientras los populares no garanticen que se mantendrá la reforma del Estatut pendiente también en el Congreso. Esa reforma, apoyada por la oposición, consiste en una adicional para que las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana sean acordes al peso de la población. El portavoz socialista, Antonio Torres, pidió que el PP “confirme que detrás de la retirada de la reforma de la LOFCA no va a solicitar que se retire la reforma del Estatut y demuestre que respeta a las instituciones estatutarias valencianas”.

Los dos grupos más grandes apoyan reducir el Consejo Económico y Social

Algo que el portavoz popular estuvo lejos de hacer. Bellver acusó a los socialistas de “estar secuestrados por los grupos minoritarios” y de “utilizar una mentira” para justificar que no apoyarán la reforma del Estatut que ha enviado el Consell a la Cámara con la intención de que se reduzca de 99 a 79 el número de diputados. “Se tomará la decisión cuando tenga que tomarse”, fue la respuesta del portavoz del PP a la pregunta de si puede descartar, caso de no conseguir apoyo para la reducción de diputados, que la reforma del Estatut sea retirada del Congreso, donde ya ha sufrido hasta tres aplazamientos para su debate.

Así las cosas, el acuerdo entre el PP y el PSPV-PSOE para reducir el número de miembros del Consejo Económico y Social (CES), que ya venía pactada desde el propio organismo, y en el que se abstuvieron Esquerra Unida y Compromís, quedó en un segundo plano. El pleno de las Cortes, que llevó a la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà a desear con sorna en su intervención “feliz año” a todo el hemiciclo, dado que la última sesión se celebró hace ya dos meses, se centró ayer y continuará haciéndolo hoy en el debate de hasta siete comisiones de investigación solicitadas por la oposición. El PP las rechazó todas.

Los problemas de financiación autonómica y el trasfondo de corrupción en el que vive inmerso el PP marcan, pues, el nuevo periodo de sesiones, con una oposición crecida y un partido del Consell a la defensiva, obligado a desactivar los artefactos revindicativos lanzados contra el Gobierno central en otras épocas. La reforma del Estatut es el más incómodo de esos misiles sin desactivar. En el camino, todavía se prevé que le devuelvan a Fabra sin aprobar (porque no alcanzarán la mayoría cualificada) no solo el proyecto de reformar del texto estatutario, que debería servir para justificar la retirada de la reforma pendiente desde hace varios años en el Congreso con la excusa de unificar las dos, sino también el recorte en el número de miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Las alusiones al conflicto que suscitó el Consell por la definición del valenciano en el Diccionari de la Acadèmia fueron abundantes. Tanto Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, como Mònica Oltra, de Compromís, se refirieron a la presión del Gobierno de Fabra sobre el Consell Jurídic Consultiu que llevó al organismo a “hacer el ridículo”. Como había hecho su compañera de grupo Mireia Mollà con el CES, Oltra propuso reformar el CJC para hacerlo más independiente y que “no sea una prolongación del Gobierno”. La diputada defendió que se componga de cinco miembros elegidos por las Cortes y cuatro más elegidos por insaculación entre juristas de reconocido prestigio.

Mònica Oltra defiende elegir por sorteo a miembros del Consell Jurídic

El popular Alfredo Castelló se burló de la idea. “¿Qué tiene de democrático, de participativo o de justo que se sorteen los puestos?”, preguntó, para comparar el proceso con un “rasca y gana o un bingo”. Oltra se revolvió con contundencia y reprochó al diputado que no sepa que la insaculación es “una institución antiquísima y democrática”, vigente en la antigua Corona de Aragón y que todavía se usa.

La parlamentaria explicó que el sorteo sirve para que los que se integran en instituciones autonómicas no se sientan en deuda con quienes les nombran. Y se preguntó qué método puede exhibir el PP en ese terreno. “¿Fue la de Teconsa una adjudicación por mérito y capacidad?”, inquirió en alusión a la empresa que usó de pantalla la trama Gürtel.