El plan general de Chiclana aspira a legalizar más casas por menos dinero

El Partido Popular y su socio, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), nacido de los intereses comunes de propietarios de viviendas ilegales, ha sacado adelante por la mínima el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana (Cádiz). 13 votos a favor frente a 12 abstenciones de PSOE e IU. El gobierno local aspira así a poner fin al descontrol urbanístico que ha marcado la ciudad en los últimos 30 años, un descontrol que permitió la proliferación de 13.000 viviendas ilegales, para las que ahora se abre un proceso de regularización. “Se legalizarán más casas por menos dinero del inicialmente previsto”, ha explicado el PP. Sin embargo, durante el pleno que aprobó el plan no se ofrecieron los detalles que pedía la oposición, —fundamentalmente datos sobre los costes— de ahí que PSOE e IU se abstuvieran.

El trámite aprobado este viernes, que es la aprobación inicial del plan general, es el primero de una larga batería. El plan fue encargado cuando gobernaba el PSOE pero no se ha podido aprobar todavía por numerosos problemas legales. El anterior documento fue anulado por la justicia tres veces y durante varios meses Chiclana tuvo que regirse por normas urbanísticas de 1987. El inicio del camino hacia la normalidad, sin embargo, y a pesar de lo deseado, no se ha podido hacer por unanimidad.

“Sabíamos que el PSOE no votaría a favor a pesar de que prometió que nos apoyaría. Mucho hablar y al final nada”, se quejó amargamente el alcalde de la localidad, Ernesto Marín. “El PSOE no apoya este plan porque no hizo caso a 6.000 personas que salimos a la calle a demandar un plan justo”, declaró ayer Marisol Ayala, concejala de Urbanismo del PVRE. El portavoz socialista José María Román explicó que le hubiese gustado apoyar este trámite pero el “silencio y la falta de explicaciones” del gobierno municipal han impedido respaldar con su voto el plan. Es el mismo argumento usado por IU. Durante las semanas previas, la oposición reclamó los datos sobre los costes de la regularización pero no fueron aportados.

El PSOE interpretó el documento y reveló que el coste medio de la legalización de las casas será para el propietario particular de unos 40.000 euros por vivienda, casi un 300% más de lo prometido en campaña electoral por el PP y por lo anunciado cuando nació como partido el PVRE, cuyo principal objetivo fue reducir al máximo esa cantidad para los vecinos a los que reclamaba su voto. Los socialistas recordaron que el PVRE nació de las movilizaciones de cientos de esos dueños que se levantaron contra un plan de regularización que, al final, es muy similar al que se ha aprobado.

El gobierno municipal rechaza este argumento, aunque, durante el pleno, no ofreció detalles ni datos. Sí lo había hecho previamente el portavoz popular Andrés Núñez, quien calculó que Chiclana podrá regular casas en suelo urbano no consolidado en 2.257 hectáreas, donde se han contabilizado unas 13.000 viviendas ilegales, 6.000 más de las que recogía el plan inicialmente pensado por el PP porque sí incluye casas en parcelas de menos de 1.000 metros cuadrados. Núñez calculó que los precios bajarán en un 40% a los costes previstos para los propietarios.

La plataforma de afectados por la regularización urbanística no pudo intervenir en el pleno y el PSOE leyó su comunicado en el que considera excesivos los costes de ese proceso y acusa al PP y, sobre todo, al PVRE, de incumplir sus promesas. El Ayuntamiento confía en que, si todo sale como está previsto, el plan general pueda entrar en vigor en 2015.

El nuevo documento es obra del equipo redactor de Territorio y Ciudad, gabinete de arquitectos del urbanista Manuel Ángel González Fustegueras.