Condenado el exalcalde de Morón

El juez Francisco Pleite considera que el exalcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) realizó una obra ilegal en su cortijo que debe ser demolida. La ampliación del caserón Zafra generó 255 metros cuadrados de nueva planta en 2004 y se llevó a cabo con “la superación de la altura original en un torreón” y “una nueva edificación que no existía” en un suelo no urbanizable de especial protección, según fija la sentencia.

La Fiscalía de Medio Ambiente ya señaló el delito urbanístico por parte de Morilla y su esposa, Ana Fernández [que pidió la licencia otorgada por su marido], pero el ministerio público estimó que el delito había prescrito. Sin embargo, como el suelo goza de especial protección, la demolición de la vivienda debía producirse tal y como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

De este modo, el Ayuntamiento de Morón denunció al exalcalde por vulnerar la ley en su propia casa tras pedir una licencia de reparación de vivienda cuando en realidad iba a levantar una nueva construcción, como así hizo: “La voluntad era ejecutar una vivienda totalmente nueva y no las obras de rehabilitación sobre las que versaba su solicitud de licencia”, reza la sentencia. El arquitecto municipal lo aclaraba en su informe: “Se ha descubierto la existencia de la demolición de la antigua vivienda y la construcción en el lugar de una nueva vivienda (...) concedida con fines supuestamente rehabilitadores a todas luces inexistentes”. Tras la denuncia del Consistorio, la esposa de Morilla intentó frenar la demolición de su gran reforma de 255 metros cuadrados (presupuestados solo en 45.800 euros), por lo que acudió a los tribunales. Fernández admitió la relevancia de la construcción, pero alegó que no debía demolerse ya que “el planeamiento está desfasado y desconectado con la realidad”.

Ahora el juez de lo Contencioso-Administrativo 9 de Sevilla da la razón sobre la preceptiva demolición al Ayuntamiento de Morón, gobernado por el PSOE, pero como la sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), el Consistorio esperará a que esta sea firme. “Hay que aplicar el planeamiento vigente”, censura el magistrado, que achaca a Morilla ignorar la ley e incumplir el ordenamiento urbanístico.

El caso se prolonga ya casi cuatro años desde que la formación AMA-Morón denunció la reforma ante un juzgado, al margen de la denuncia que interpuso el Seprona por enterrar junto a un arroyo los escombros que generaron las obras.