El complejo cierre de un canal público

La Generalitat Valenciana ha tenido durante 24 años unos medios de comunicación, previstos en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía, que ahora no quiere. La decisión de Alberto Fabra de cerrar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) plantea problemas jurídicos que dependen de los términos concretos de la liquidación. Uno de ellos es que la sociedad que ahora hay que cerrar, RTVV Sociedad Anónima Unipersonal, se creó en 2012 de un ente público anterior llamado igual en el que convergían una empresa de radio y otra de televisón (estructura con la que nació la cadena en la ley originaria de 1984). Ese ente está aún en liquidación. Lo previsible es que se nombre un comité liquidador entre personal funcionario de la Generalitat para unificar todas las condiciones. Eso debe hacerse tras la aprobación en las Cortes Valencianas de una ley por el procedimiento de lectura única, para abreviar los plazos.

La segunda cuestión es cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el expediente de regulación de empleo (ERE) y que ha desencadenado la decisión de cerrar. En otras palabras, RTVV tiene que readmitir a un millar de trabajadores y despedir después a toda su plantilla, de 1.660 empleados. La readmisión implica pagos de salarios de tramitación y ajustes de indemnizaciones. Si lo que se plantea después es un ERE de extinción, viene facilitado por la legislación aprobada por el Gobierno de Rajoy, pero un abogado laboralista señala que también exige unos formalismos de negociación que el propio Fabra descartó al afirmar que “no hay nada que negociar”, lo que augura conflictos. No haber negociado es uno de los motivos que han llevado a la anulación del ERE actual. Por eso el letrado considera que la situación es “un disparate”.

Está, además, el problema de los contratos con productoras. El día que se conoció el cierre se presentaba una nueva temporada de la serie L’alqueria blanca, el mayor éxito de la cadena en los últimos años. Por no hablar de la adjudicación de 1.400 horas de programación realizada hace un mes a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Endora-Mecomlys-Videac. La adjudicataria mantiene silencio aunque desde la dirección de RTVV se indica que el contrato todavía no se ha firmado. La Generalitat tendrá que afrontar las reclamaciones porque no se trata de una empresa privada sino de un ente público.