Dos empresarios, entre los detenidos por el supuesto fraude de Peñarroya

Luisa Ruiz, la exalcadesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) detenida el martes por presunta desvío de fondos públicos, declaró este miércoles ante la Guardia Civil y se espera su paso a disposición del juzgado de Instrucción 2 de Peñarroya. Los agentes a Guardia Civil detuvieron a dos empresarios en Cataluña: Carlos Guasch, consejero delegado de la empresa Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, y el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril, Ricardo Oliver

. Guash Criado (antes, Criado Guash) fue condenado a ocho años por ser miembro, a mediados de los años ochenta, de una banda terrorista de ultraderecha denominada Milicia Catalana que actuó contra grupos independentistas, clínicas abortistas y colectivos homosexuales.

En junio, la agencia Efe informó de que el PSOE había acusado al Ayuntamiento de Guadix (Granada) de entregar con “nocturnidad y alevosía” la locomotora de vapor Baldwin —usada en el rodaje de una película de Indiana Jones—, “a una empresa de la que es consejero delegado un exconvicto de extrema derecha condenado por terrorismo”.

Tanto la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, como el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril firmaron un convenio, a principios de 2007 con el anterior gobierno del Ayuntamiento de Peñarroya (entonces en manos del PSOE), por valor de 1,8 millones de euros para la restauración y puesta en servicio del Tren Turístico del Guadiato, un proyecto para la recuperación de esta comarca minera arrasada desde hace lustros por la crisis del sector. El tren, destinado al mercado turístico iba a beneficiar, en teoría, tanto a esta zona de la sierra, como a las limítrofes de Ciudad real y Badajoz, pues enlazaría con las estaciones de Puertollano y Almorchón. La firma de los convenios también implicaba, por un lado, la restauración de dos locomotoras históricas pertenecientes al patrimonio municipal de Peñarroya (la bautizada como Marta, junto a la Santa Bárbara) y a la compra de una tercera del modelo MZA (locomotoras históricas fabricadas para cubrir desde mediados del siglo XIX a mediados del XX la línea entre Madrid, Zaragoza y Alicante).

Los problemas empezaron cuando el nuevo gobierno local del PP llegó al poder a finales de 2011. Entonces, acusaron a las dos empresas de no haber cumplido los convenios pactados, puesto que sólo habían recibido de vuelta una de las máquinas restauradas. Y en un estado que, según los nuevos regidores, incumplía lo acordado. “Tras pagar 242.000 euros nos entregaron la Marta y solo se le había hecho un trabajo de chapa y pintura. No se podía usar. Los mandos están fijos o incluso se caen. Y la caldera la habían transformado de tal forma que prácticamente ha desaparecido y es inservible”, critican fuentes municipales de Peñarroya. “Ellos se excusaron en que el uso que se iba a dar a la pieza era para estar en un museo, pero no es así. Su destino era ponerse en uno para el tren turístico”, responden en el Ayuntamiento.

Pero al gobierno local le preocupa no saber nada del paradero de la Santa Bárbara —“todavía la estamos buscando”—, para la que iban destinados otros 200.000 euros, ni de la compra de la máquina MZA.

Mientras tanto, la operación de la Guardia Civil sigue en marcha. Se han imputado a otras diez personas, en su mayoría de Córdoba. Fuentes del Ayuntamiento reconocen que técnicos y trabajadores municipales han sido llamados a declarar como testigos, aunque no confirman que también haya imputados entre ellos. La operación, que está bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o registros.