El fiscal pide la nulidad del ERE de RTVV por discriminar en los despidos

Debía señalar si apreciaba vulneración de los derechos fundamentales en el despido de un millar de trabajadores de RTVV a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). Y se pronunció contundentemente al término del juicio. El fiscal pidió la nulidad del ERE por considerar que hubo “irregularidades” en el procedimiento que vulneraron “derechos fundamentales” constitucionales como la igualdad ante la ley. Sostuvo que en la aplicación del polémico ERE se cometió un trato “discriminatorio” con los trabajadores despedidos.

Se trata de una opinión y no es vinculante para los jueces de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que deben dictar sentencia tras la conclusión de la vista ayer, pero los exempleados de la empresa pública saltaron de júbilo en la sala anexa. En mitad del desánimo por su situación y por lo que consideran un trato arbitrario, hallaron un asidero y disfrutaron del momento por el espaldarazo a sus tesis.

El fiscal apreció una de las cuestiones clave que los abogados de los sindicatos (de CC OO, Intersindical, UGT y CGT) habían puesto sobre la mesa para lograr la impugnación del ERE: las diferencias entre la lista de afectados (despedidos) del ERE, elaborada por una comisión evaluadora, y las modificaciones que luego introdujeron por diferentes motivos los tres últimos directores generales, José López Jaraba y Alejandro Reig, por una parte, y Rosa Vidal, por otra.

El fiscal resumió en una suerte de trabalenguas lo observado en dos días de juicio: “Hubo una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, y todo ello “con criterios subjetivos”, aunque la empresa habla de criterios “de oportunidad y operativos”. En definitiva, de este enredo fonético y semántico, “se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial” y “trato discriminatorio”, apostilló.

Para desenredarlo, hay que volver hacia atrás. López Jaraba salvó del ERE, tildado de arbitrario por la oposición, a unos nueve trabajadores de Ràdio 9, que estaban incluidos en la lista de afectados de la comisión evaluadora que él mismo constituyó. Lo hizo porque eran “voces señeras” de la emisora, según explicó el propio director general que preparó el ERE a instancias de la Generalitat. Tras dimitir Jaraba, Reig fue fichado por tres meses para que firmar papeles y despidos y también sacó de la ominosa lista otros trabajadores (alrededor de nueve) esta vez de la televisión, por “necesidades operativas”, declaró.

Cuando Rosa Vidal tomó posesión el pasado mes de abril de la dirección general de la nueva RTVV se percató de “las discrepancias” entre la lista de la comisión evaluadora y la lista de los miembros de la plantilla. Entonces decidió despedir (desafectar) a siete personas del grupo rescatado por Jaraba y Reig porque no estaban justificadas. Más tarde, también desafectó por criterios sociales (tener una persona discapacitada a su cargo o parejas completas despedidas) a otros siete trabajadores. Por último, sacó del ERE a 186 técnicos porque no había dado tiempo de externalizar el servicio y se corría el riesgo de que la pantalla de Canal 9, ahora llamada Nou, se fuera a negro, es decir, que no pudiera emitir por problemas técnicos.

A esta situación se refería el fiscal. Pero añadió otra razón para la nulidad. Se refirió al informe de PriceWhaterhouseCoopers sobre el que se basó el ERE. Apuntó que cuando se presentó en 2012, iniciado el periodo de consultas entre la dirección y el comité de empresa, “faltaba el apartado principal, que era el coste de externalización”. Los representantes de los trabajadores sólo consiguieron tal información a través de la oposición en el Consejo de Administración de RTVV. Además, el representante del ministerio fiscal achacó “falta de fiabilidad” a tal informe.

Fuentes jurídicas discrepan sobre el alcance del pronunciamiento. Las hay, próximas a la empresa y defensores de la legalidad de los cambios en las listas, que lo consideran normal; y otras que destacan el hecho excepcional de que un fiscal veterano que actúa en el TSJ estime que una empresa pública vulnera derechos fundamentales.

La decisión de los tres jueces de la sala de Lo Social, que declaró nulo el ERE de la empresa pública Vaersa, se conocerá como máximo en cuatro semanas, según las previsiones. Con toda probabilidad, se presentarán recursos contra el fallo que irán al Supremo, lo que prolongará el proceso como mínimo un año más.

En el caso de que se anulara el ERE, RTVV debería readmitir al millar de trabajadores y pagarles los salarios de tramitación, lo que supondría un desembolso millonario y obligaría a reestructurar de nuevo a Nou. Si se declara improcedente, se debería pagar a los trabajadores una indemnización marcada por el juez, que podría ser de 45 días por año trabajado.

En el juicio se puso de manifiesto la complejidad del ERE y su polémica aplicación. También, la falta de sintonía entre algunos actores. Hasta el punto de que Rosa Vidal, actual directora de RTVV, está estudiando denunciar por falso testimonio a Alejandro Reig, su antecesor. Este declaró que le había dado unos pliegos a ella para iniciar la externalización, cuando Vidal ni trabajaba en RTVV. El abogado del ente descalificó duramente a Reig. Además, Vidal, abogada del Estado, denunció a los extrabajadores por insultos y calumnias. A la salida del TSJ y en el garaje le gritaron “lladronera” y “mentirosa”.