Los derechos humanos se imponen a la vía penal

De nuevo ha sido Europa y sus tribunales. Como cuando en febrero de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó un derribo en la Cañada Real de Madrid hasta que la familia afectada tuviera un alojamiento alternativo. O como cuando un mes después el Tribunal de Justica de la UE dio un varapalo a la ley española sobre hipotecas y desahucios y sentenció que no protege suficientemente los derechos de los consumidores, una decisión tomada a raíz del caso de Mohamed Aziz y el tesón de su abogado.

Esta vez ha sido de nuevo Estrasburgo quien ha aplazado el desalojo (dentro de la vía penal) de las familias que ocupan un edificio de Salt (Girona) propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que antes perteneció a la banca nacionalizada y llevaba años vacío. El Tribunal solicita al Gobierno español información para garantizar qué pasará con las familias que han ocupado el edificio y garantizar que no se viole ningún artículo del convenio europeo.

"Los tribunales europeos enmiendan la inacción de los poderes públicos en casos de urgencia y de extrema gravedad", destaca el abogado del Observatorio DESC (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y experto en cuestiones de vivienda, Jaume Asens. Asens entiende que "la justicia ordinaria debería haber actuado mucho antes" y subraya "el desconocimiento del derecho internacional en materia de derechos humanos de los tribunales españoles". En el caso de Salt, el juez de instrucción denegó el desalojo, recuerda el abogado, pero fue la audiencia provincial quien tumbó la decisión y ordenó ejecutar el desalojo. El tribunal también desoyó la petición de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de paralizar el desalojo hasta realojar a las familias afectadas.

Por su parte, preguntada por su respuesta, la Sareb, a través de un portavoz, entiende que "se trata de un proceso judicial de naturaleza penal que está en marcha" y considera que "como es lógico la sociedad solo puede acatar las decisiones judiciales".