¿Inmigrantes votando? Una oportunidad perdida

El pasado mes de julio, el Rey Juan Carlos I visitó Marruecos junto a varios ministros, rectores de universidades y empresarios. Este viaje, que duró casi una semana, fue un encuentro de alto nivel entre España y Marruecos, que sirvió para reforzar los lazos históricos entre estos dos países vecinos. Muchos fueron los temas que se abordaron y los acuerdos que se firmaron tras este encuentro de alto nivel. Pero uno de los temas cruciales y que atañe muy de cerca a la ciudadanía de origen marroquí que reside en España fue —tal vez de forma premeditada— ignorado.

No voy a hablarles de lo que se trató y ya sabemos, sino de lo que no sabemos porque no se quiso tratar. Mientras se celebraba esta mini-cumbre se cumplían cinco años de la aprobación, en el 37º Congreso Federal del PSOE, de la enmienda en la cual el partido se comprometía a defender y a impulsar desde el Gobierno que la ciudadanía de origen extranjero residente en nuestro país pudiese votar en las elecciones municipales. A día de hoy —pasados cinco años— más de medio millón de personas de origen marroquí que residen en España deberían tener derecho a voto en las elecciones municipales. Pero la realidad es que siguen esperando los pasos del Gobierno español respecto a si firma, o no firma, el convenio de reciprocidad con Marruecos.

Recordemos que fue el Gobierno socialista —tras asumir en su Congreso político que los inmigrantes debían votar en las elecciones municipales— el que inició los trámites para la firma de convenios con los países de origen respectivos, nombrando en el Consejo de Ministros de agosto de 2009 a un embajador en misión especial: el diplomático Gonzalo de Benito Secades. Desde ese mismo momento, varios fueron los convenios que se firmaron y se ratificaron en el Parlamento, permitiendo así que en las elecciones municipales de mayo de 2011 pudiesen votar, previa inscripción en el censo electoral, las personas provenientes de los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

Pues bien, años después de esta iniciativa política, fruto de las reivindicaciones de colectivos de inmigrantes y movimientos sociales, el Gobierno no ha dado un solo paso que despeje la incógnita de cuándo se firmará este convenio con el Reino Alauí. Uno de los principales escollos para llevar a cabo el requisito de reciprocidad se salvó cuando Marruecos, a través de un referéndum, modificó su Constitución, facilitando así la participación política. La propuesta quedó recogida de la siguiente manera: “Los extranjeros disfrutarán de las libertades fundamentales reconocidas a los ciudadanos marroquíes, de conformidad con la Ley. Aquellos que residen en Marruecos podrán participar en las elecciones locales, en virtud de lo que establece la Ley, la aplicación de convenios internacionales o de prácticas de reciprocidad”.

¿Qué es lo que sucede entonces para que, aun habiendo modificado Marruecos su Carta Magna, España todavía no haya firmado el Convenio?

La respuesta la podemos encontrar en las declaraciones de numerosos parlamentarios del Partido Popular. Cuando se aprobó la nueva Constitución, el 1 de julio de 2011, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, anunció: “Vamos a firmar acuerdos para que ese derecho sea recíproco”. Sin embargo, el Partido Popular señalaba que no se debe permitir el voto de los ciudadanos de origen marroquí, especialmente en Ceuta y Melilla, ya que estos son ciudadanos de un país que reivindica esos territorios. También decían que no podía haber reciprocidad porque hay muchos más marroquíes en España que españoles en Marruecos, una desproporción que no les preocupó cuando se otorgó el voto a colombianos y ecuatorianos. Además, estos parlamentarios dejaron caer que su partido vetará cualquier acuerdo de reciprocidad con Marruecos. Esta última frase es la que resumiría la actitud del PP: negarse a firmar desde el Gobierno un convenio de reciprocidad.

Por todo ello, desconcierta saber que la persona que en 2009 se encargaba, por orden del Gobierno, de conseguir de los Estados la firma de los convenios, ahora que forma parte del Gobierno como Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, no sea capaz de informar sobre cuándo se va a firmar el convenio con Marruecos. Lo que hace pensar que detrás de todo esto hay un conflicto de ideología en el cual el ciudadano de origen marroquí se ve perjudicado por todos los estereotipos y prejuicios negativos que vuelca día tras día la derecha española y europea.

No es casual este comportamiento en el Gobierno del PP, pero no por ello deja de ser denunciable la parcialidad con la que se concede un derecho. Además ¿no creen ustedes que facilitar la participación política fomenta la integración social de los nuevos ciudadanos? Tenemos que ser conscientes de que viven con nosotros, trabajan con nosotros, pagan impuestos como nosotros y utilizan los mismos servicios públicos que nosotros. Por eso es de justicia que también puedan decidir con nosotros y que, a través del derecho de voto, puedan, como nosotros, otorgar o retirar su confianza a quienes ocupan cargos electos en los gobiernos locales.

Mohammed Azahaf es coordinador federal del Grupo Árabe del PSOE.